La mayoría de los condenados, 454 sobre 539, están en sus casas con prisión domiciliaria. Desde que gobierna Milei, en la previa del 24 de marzo, surgen rumores de indulto a los genocidas. Esta vez aseguran que “hay un borrador redactado a consideración de las autoridades de Balcarce 50”.
El diario Perfil publicó que fuentes del gobierno nacional revelaron que en Balcarce 50 se analizaron los aspectos legales de amnistiar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Informaron además que hay un borrador redactado de un decreto y que el tema está a consideración de funcionarios.
El pedido de un perdón presidencial es un reclamo de algunas organizaciones negacionistas que gustan denominarse de “memoria completa”, y encuentran en el gobierno de Milei y de Villarruel, un terreno propicio, como el de los ’90, cuando Carlos Menem indultó a los jefes, Videla incluido.
En los últimos días los rumores se intensificaron y dos fuentes de Casa Rosada revelaron a PERFIL que se analizaron los aspectos legales de indultar a genocidas. Incluso dicen que hay un borrador redactado para un decreto de indulto y que el tema está a consideración de las autoridades de Balcarce 50.
De acuerdo a los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en los procesos por crímenes de lesa hay 539 personas privadas de su libertad, pero casi el 85 por ciento (454) se encuentran en arresto domiciliario. En ese universo operaría el perdón presidencial.
Desde 2006, cuando se reabrió el proceso de justicia, diversas organizaciones de “memoria completa” aparecieron en escena y empezaron a operar en política y a obtener repercusión mediática. La vicepresidenta Victoria Villarruel es el mejor exponente de esos grupos: dirigió durante muchos años el CELTYV, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y desde allí aglomeró las demandas que la derecha procesista arrastraba desde hacía dos décadas sin éxito.
“Si bien este gobierno es capaz de hacer cualquier ilegalidad y barrabasada constitucional, de ocurrir inmediatamente haríamos los planteo ante cada tribunal y la Corte Suprema para que esos indultos sean declarados nulos e inconstitucionales, o ambas cosas. La jurisprudencia de la Corte argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es coincidente en señalar que deben removerse todos los obstáculos que impidan el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad incluyendo amnistías e indultos”, afirmó a el abogado Pablo Llonto, que encabeza varias querellas de víctimas en juicios de lesa.
Hay un pedido concreto de indultos que entró por la mesa de entradas de Casa Rosada de manos de “Pañuelos Negros”, una agrupación de familiares de militares que, con ese nombre, buscan apropiarse del símbolo más representativo de la lucha por los derechos humanos: los pañuelos de Abuelas y Madres. Lo dirige Asunción Benedit, viuda de un militar que participó del Operativo Independencia y hermana de Beltrán Benedit, el diputado libertario que organizó, en 2024, una visita a represores en la cárcel de Ezeiza.
En el petitorio, “Pañuelos Negros” le reclama a Milei que promueva un proyecto de ley para perdonar las condenas a partir de dos artículos de la Constitución: el 75, inciso 20, que habla de “conceder amnistías generales”; y el 99, inciso 5, que especifica que el Presidente “puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal”. Ese petitorio se entregó también en el Ministerio de Defensa. “No sólo hay que pedir por la libertad de los militares, hay que reivindicar lo que hicieron”, declaró Asunción Benedit en una entrevista.
Una hipótesis de por qué hoy el gobierno llevaría adelante una medida de tan alto impacto es que Milei quiere acercarse a la gran familia de las fuerzas armadas y de seguridad que, como otros sectores de la administración pública, vienen pasándola mal con los magros sueldos que perciben. Como no hay plata, buscaría congraciarse de esa forma.
Hay varios impedimentos legales contra los indultos. En primer lugar, la Constitución, que incorporó tratados internacionales de derechos humanos que establecen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. La Corte Suprema lo confirmó en 2010, al declarar inconstitucionales los indultos del menemismo. La ley 27.156, sancionada en 2015, prohíbe el indulto, la amnistía y la conmutación de penas para delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y declara nulo cualquier acto del Ejecutivo que viole esta prohibición.
La foto
El 11 de julio de 2024, 6 diputados nacionales de La Libertad Avanza acudieron al Complejo Penitenciario Federal I, ubicado en el partido de Ezeiza. Los asistentes fueron: Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra.
En la foto que se filtró sobre el encuentro aparecen, por el lado de los detenidos, Alfredo Astiz, integrante del Grupo de Tareas de la ESMA y 2 veces condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención; Raúl Guglielminetti, exagente civil de Inteligencia del Ejército y condenado en al menos 3 expedientes (ver acá, acá y acá) por delitos de lesa humanidad; Mario Marcote, exmiembro del Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia de Santa Fe y condenado en al menos 2 expedientes por crímenes de lesa humanidad; Carlos Suárez Mason (h) y Adolfo Donda, también condenados a prisión perpetua por crímenes cometidos en la ESMA.
También aparecen otros condenados por crímenes de lesa humanidad, como Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Julio César Arguello, Juan Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Antonio Pernías y Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
