Un documento realizado por los militares de La Pampa revela que al menos cuatro personas que participaron y ganaron las elecciones de 1973, las últimas antes del Golpe de Estado, siguieron como intendentes de localidades pampeanas en la dictadura militar.
Un mes después del derrocamiento de Aquiles José Regazzoli, fue designado gobernador interventor el general de Brigada, Carlos Enrique Aguirre Arrieta, quien permanecerá varios años al frente del Centro Cívico y quien ejerció el gobierno y la política cotidiana en La Pampa.
En un balance que el dictador hace publicar sobre su primer año de gestión, se puede determinar que cuatro personas que participaron de las elecciones provinciales de 1973 fueron ratificados en sus pueblos por los militares.
En el documento «Reorganización Municipal 1976-1977” (publicado en diciembre de ese año), Aguirre Arrieta hace un balance que comienza con el listado de autoridades provinciales, intendentes y “comisionados de Comisiones de Fomento” y “Juntas de Fomento”.
Entre los intendentes figuran personas que habían obtenido la intendencia por la vía democrática y continuaron en el gobierno de Facto. Dos pertenecieron al Movimiento Federalista Pampeano y dos a la Unión Cívica Radical,
Ellos son:
Uriburu: Orlando Oscar Alegri (MoFePa)
Conhelo: Heraldo Fitipaldi (MoFePa)
La Maruja: Mateo Acebal (UCR)
Ingeniero Luiggi: Roberto Oscar Salto (UCR)
Los nombres aparecen tres años antes en las actas del Tribunal Electoral como candidatos electos en sus localidades.
El documento histórico, a modo de balance, también reúne un compendio de legislación de facto que forjó parte del armado institucional de La Pampa. Y algunas todavía continúan forjándola.
Los cuatro nombres y apellidos de esta nota son los que oficialmente cualquier investigador puede constatar como continuadores de sus acciones políticas en la dictadura, pero el entramado no termina allí.
Los juicios a los represores pampeanos dejaron en evidencia, a través del testimonio de las víctimas, que un gobierno de estas características contó con el acompañamiento de algunas personas de la Iglesia Católica, la sociedad civil, del sector comercial, político o profesional para que pudiera durar más de siete años.
Incluso un civil, el médico Máximo Pérez Oneto, fue condenado como partícipe del terrorismo de estado en La Pampa. Otros fueron acusados, algunos convocados como testigos, pero lograron esquivar un fallo sancionatorio.
