El Presidente de la Nación incumplió el fallo judicial que lo obliga a ejecutar la ley de financiamiento universitario, vetada en un primer momento, y ratificada por amplio margen por el Senado y Diputados. Sin caminos legales para continuar sin pagar, entró en “default” universitario y constitucional.
El Gobierno nacional afirmó que no cuenta con los recursos para cumplir el fallo judicial que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo costo estimado asciende a $2,5 billones. La decisión judicial obliga a actualizar salarios docentes, no docentes y partidas de becas.
Desde la Casa Rosada confirmaron que presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque admiten que es poco probable que se suspenda la aplicación de la medida.
Fallo por financiamiento universitario: qué debe pagar el Gobierno
La resolución judicial ratificó la vigencia de la ley sancionada por el Congreso en 2025, que ya había sido resistida por el oficialismo y luego confirmada tras el rechazo al veto presidencial.
El fallo obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios del sector educativo desde diciembre de 2023 y actualizar los programas de asistencia estudiantil. También establece la transferencia inmediata de fondos a las universidades en caso de no mediar una suspensión judicial.
Impacto fiscal: el costo de $2,5 billones y la falta de fondos
Según estimaciones oficiales, cumplir con la normativa implicaría un desembolso cercano a los $2,5 billones, una cifra que el Gobierno asegura no poder afrontar en el corto plazo.
En ese contexto, desde el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, analizan alternativas para conseguir financiamiento o aplicar los pagos de manera escalonada.
Sin embargo, en el propio Ejecutivo reconocen que la obligación judicial podría poner en riesgo el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.
Hoy el Gobierno avanzará con un recurso extraordinario ante la Corte, luego de que la ley fuera ratificada tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Pese a esta estrategia, en la Casa Rosada admiten que es difícil que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo que frene el cumplimiento del fallo.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.
A esto se suma el retraso salarial frente a la inflación, lo que intensificó el reclamo de rectores, docentes y estudiantes.
