La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pico, Gabriela Echegaray, se refirió al Índice de Vulnerabilidad Social (IBS) que reveló que un 5,2% de la población de Pico es indigente: “Sería el 15% sin la ayuda del Estado”.
Para sostener a los sectores más golpeados, el municipio invierte 60 millones de pesos mensuales en 16 mil personas para acompañamientos económicos directos y bolsones alimentarios. Esta red local se complementa con programas provinciales como la Tarjeta Alimentaria y el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE), que actúan como dique de contención ante el retiro de políticas nacionales, especialmente en áreas sensibles como discapacidad y la quita de medicamentos a jubilados.
Echegaray señaló que el problema de la vivienda encabeza el podio de las preocupaciones en la cartera social. Hoy, la municipalidad asiste a 150 familias con el pago parcial de sus alquileres. “Las barreras de acceso, como la exigencia de garantías y depósitos inalcanzables, empujan a los vecinos a situaciones límite”, dijo.
“La gente está trabajando su economía interna para lo básico, no estamos hablando de lujos”, detalló la funcionaria.
Echegaray describió el impacto de la crisis puertas adentro de los hogares. La falta de ingresos no solo vacía la heladera, sino que quiebra los vínculos familiares. La Secretaría registra un aumento preocupante en las demandas por violencia hacia los niños y entre los propios adultos.
A este escenario de estrés se suma un fenómeno cada vez más visible en la ciudad: el hacinamiento por necesidad. Hijos que, al no poder sostener un alquiler, vuelven a vivir a la casa de sus padres mayores, muchas veces sumando a sus propias parejas o hijos. Esto vulnera directamente el derecho a la autonomía de los jubilados. En lugar de disfrutar de su tiempo, deben volver a sostener la dinámica diaria de familias enteras.
Fuente y foto: Infopico.com
