En el marco de una jornada sobre glaciares, agua y minería realizada en la UNLPam, el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, cuestionó con dureza la reforma de la Ley de Glaciares y confirmó que distintas organizaciones ambientales impulsan acciones judiciales para intentar frenar su aplicación. El especialista sostuvo que la modificación “reduce la protección ambiental” y advirtió que traslada decisiones técnicas “a criterios políticos vinculados a la conveniencia de las provincias”.
Antes de la actividad desarrollada en el Consejo Superior de la UNLPam, Nápoli explicó que junto al abogado ambientalista Enrique Viale y otras organizaciones expusieron sobre “la acción que hemos interpuesto para la protección de los glaciares en Argentina, en contra de la reforma de la ley de glaciares que se sanciona en el Congreso”.
El referente ambiental señaló que la postura contra la modificación se basa en que “es una ley manifiestamente inconstitucional” porque “violenta todos los aspectos que tienen que ver con la protección del ambiente”. En ese sentido, agregó que la reforma “ha traspasado las competencias de la Nación a las provincias y ha generado una distorsión enorme a nivel constitucional, además de ser regresiva, por supuesto, porque protege muchísimo menos que la ley anterior”.
Sobre las acciones impulsadas desde las organizaciones ambientales, indicó que actualmente avanzan con una presentación judicial encabezada por asambleas ciudadanas y entidades de distintos puntos del país. “Nuestra acción judicial es una acción encabezada por organizaciones y asambleas ciudadanas de todo el país, con el acompañamiento de 850 mil personas que han adherido”, destacó.
Nápoli consideró que ese respaldo convierte el planteo “en una acción judicial histórica” y remarcó que refleja también la participación social que tuvo el debate parlamentario. “En la Cámara de Diputados se inscribieron más de 100 mil personas para hacer uso de la palabra en una audiencia pública”, señaló.
Respecto al avance judicial, explicó que las organizaciones solicitaron “la nulidad y la inconstitucionalidad de la ley” y además pidieron “una medida cautelar para evitar acciones que puedan generar un daño irreversible”. “Ahora estamos esperando que se pronuncie el Juzgado Federal de La Pampa”, agregó.
Consultado sobre el impacto de la reforma en la actividad minera, sostuvo que el principal cambio es que “se trasladan las competencias de quién decide dónde se pueden instalar proyectos mineros”. Recordó que la ley original establecía la realización de un inventario nacional de glaciares a cargo de un instituto especializado, que determinó la existencia de unos 17 mil glaciares protegidos en Argentina.
“En esas zonas no se podía llevar adelante explotación minera. Ahora ese proceso va a quedar en revisión y a merced de lo que decidan las provincias”, afirmó. Según explicó, eso implica pasar “de una protección científica a una protección política, más vinculada a conveniencias”.
Nápoli consideró además que la reforma fue impulsada para beneficiar “cuatro o cinco proyectos mineros”, principalmente en San Juan, Catamarca y Mendoza.
Finalmente, destacó el rol de La Pampa en el debate ambiental y aseguró que “es una provincia emblemática en materia de recursos hídricos. Además es una de las provincias más afectadas del país”, concluyó.
