La diputada provincial, Noelia Sosa, cuestionó duramente la resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que dio por concluida la investigación iniciada por presuntas irregularidades en el pliego de licitación del área hidrocarburífera El Medanito. La legisladora sostuvo que, si bien no hubo imputaciones contra funcionarios públicos, en el expediente existen dictámenes técnicos que confirman observaciones “gravísimas” sobre el sistema de medición de hidrocarburos previsto en el pliego y adelantó que analiza acudir a la Justicia Penal por un posible caso de abuso de autoridad.
La legisladora Noelia Sosa informó que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas emitió la Resolución N° 2468/2026, mediante la cual se dio por concluida la investigación vinculada a las denuncias realizadas sobre el pliego de licitación del área hidrocarburífera El Medanito, proceso que finalmente fue declarado desierto en febrero pasado por falta de oferentes.
A través de un extenso comunicado, la legisladora señaló que si bien la FIA no imputó a funcionarios públicos, dentro del expediente existen elementos que generan “preocupación y desvelo” respecto a las irregularidades denunciadas y los fundamentos utilizados para archivar el caso.
Sosa remarcó especialmente el dictamen técnico realizado por un perito convocado por la FIA, quien sostuvo que “el Software Sahara no es apto para medición fiscal de hidrocarburos” y que dicho sistema “no constituye un sistema de medición sino de diagnóstico y predicción”.
Además, el especialista advirtió que el software “es sensible a los datos de entrada”, los cuales deben estar “certificados y documentados convenientemente”, y alertó que “el método de selección en el pliego podrá generar un perjuicio al erario público si no están establecidas correctamente cómo se componen y determinan los valores de producción”.
Para la diputada, la investigación confirmó uno de los puntos centrales de la denuncia original: que el método propuesto en el contrato “más importante en tiempo y monto para todos los pampeanos” no era un verdadero sistema de medición fiscal.
También sostuvo que los datos utilizados en el pliego “no estaban certificados como la normativa establece”, pese a que el propio peritaje indicó que esa validación era indispensable para garantizar la confiabilidad del sistema.
En cuanto a la decisión de archivar la denuncia, Sosa explicó que el fiscal general consideró que el planteo perdió objeto debido a que la licitación fue declarada desierta mediante el Decreto 114/2026 por falta de oferentes. Según la resolución, el pliego cuestionado “no suscitó el interés de las empresas destinatarias” por no ajustarse a las condiciones de competitividad del sector hidrocarburífero ni al contexto económico vigente.
Sin embargo, la diputada criticó que no se hayan analizado las irregularidades técnicas detectadas y aseguró que la FIA concluyó que el eventual perjuicio económico al Estado “devino abstracto” únicamente porque el proceso licitatorio no avanzó.
Ante este escenario, Sosa adelantó que evalúan recurrir a la Justicia Penal invocando el artículo 248 del Código Penal, referido al delito de abuso de autoridad. Según indicó, el dictado del Decreto N° 2628/25 podría configurar una “grave irregularidad” si se comprueba que contenía las ilegalidades denunciadas.
La legisladora también apuntó contra la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa, al considerar que el organismo tenía la responsabilidad técnica y normativa de elaborar un pliego ajustado a derecho. En ese sentido, cuestionó que el propio fiscal recomendara contratar especialistas externos para abordar cuestiones vinculadas a la licitación de áreas hidrocarburíferas.
“Con total y absoluta preocupación tomamos las recomendaciones del Señor Fiscal General que aconseja la contratación de especialistas en la materia para resolver cuestiones de competencia exclusiva del Estado”, expresó Sosa, quien sostuvo que ello implica reconocer “la incompetencia de la Secretaría de Energía” en la elaboración del pliego cuestionado.
