Desde el espacio político cuestionaron el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto y señalaron que que vulnera el derecho al libre tránsito y reclamó que los recursos viales se destinen al mantenimiento de las rutas provinciales.
En un comunicado de prensa, Comunidad Organizada criticó la decisión de cobrar peajes al tránsito pesado con destino a Vaca Muerta que deteriora las rutas provinciales.
Desde el partido de Juan Carlos Tierno señalaron que la medida es “inconstitucional” y criticaron el estado de las rutas provinciales, para advertir que el cobro de peaje es legítimo “si existe una contraprestación”.
El texto completo, consigna lo siguiente:
“El gobernador Sergio Ziliotto, en un nuevo intento de figuración mediática, anunció la intención de imponer un canon a los camiones que se dirigen a Vaca Muerta, bajo la supuesta excusa de proteger las rutas pampeanas. Esta maniobra se suma a su anterior intento de interferir en el desarrollo minero de otras provincias, una postura contradictoria para una gestión como la de La Pampa, que es la principal responsable del daño ambiental en la cuenca interprovincial del Río Colorado.
Esta nueva medida contra la producción de Vaca Muerta es abiertamente inconstitucional. No se puede arancelar el derecho al libre tránsito en función del destino o del tipo de vehículo. Mientras tanto, las rutas provinciales se encuentran en un estado calamitoso y sin la señalización básica, negligencia que ya ha provocado múltiples siniestros fatales, como los ocurridos recientemente en la zona del Bajo Giuliani, adyacente a la Ruta Nacional 35.El Fondo Provincial de Vialidad —creado por ley y financiado con fondos de la coparticipación federal, Ganancias, IVA y el 50% de las patentes pampeanas— está siendo malversado. Estos recursos no se destinan al mantenimiento ni a la construcción de nueva infraestructura vial. Asimismo, la Dirección Provincial de Vialidad demuestra una absoluta negligencia operativa al no realizar los controles de peso elementales a través de las balanzas al costado de las rutas, independientemente del destino de la carga.Por otra parte, el oficialismo desestimó de manera sistemática las propuestas presentadas para la licitación del área hidrocarburífera «El Medanito». Dichas iniciativas buscaban que parte de las ofertas y de las regalías de la explotación petrolera se destinaran por obligación a la infraestructura vial de la provincia.
El cobro de un peaje solo es legítimo si existe una contraprestación: un servicio previo y rutas en condiciones óptimas de transitabilidad. No se puede discriminar por destino ni quebrar la equidad en el tránsito. Con estas trabas, el gobierno provincial intenta interferir en actividades que generan producción y riqueza para la Argentina y para aquellas provincias que decidieron no estancarse en el subdesarrollo por culpa de los negociados políticos, creyendo erróneamente que con esto atacan al Gobierno Nacional.Desde Comunidad Organizada seguimos denunciando la paralización total del Consejo Provincial de Tránsito —integrado por el Ministro de Seguridad, el Jefe de Policía, el Presidente de Vialidad y el Director de Transporte—. Esta inacción institucional ha sumido a La Pampa en una crisis vial que genera permanentemente muertes, lesionados, dolor en las familias pampeanas y millonarias pérdidas económicas tanto para el sector público como para el privado. Asimismo, desde el gobierno pampeano se siguen violando abiertamente las leyes nacionales; una muestra clara de ello es lo que ocurre en Santa Rosa, donde se continúa exigiendo a los automovilistas una revisión técnica de exclusiva validez local. Esto sucede a pesar de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial desautorizó formalmente al taller «Técnica Sur» para emitir certificados de viabilidad técnica con validez nacional. Esta irregularidad continúa hasta el día de hoy, desoyendo las normativas federales mediante un mecanismo avalado en la provincia por decreto del gobernador Sergio Ziliotto y ejecutado con ilegal complicidad por el intendente municipal Luciano Di Nápoli”.
