UTELPa y ATE convocaron a movilizarse desde las 10 de la mañana en Plaza San Martín con una serie de reclamos que incluyen la recomposición salarial, el cese de los despidos en organismos estatales y la restitución de la paritaria nacional docente, entre otras exigencias.
El mes de agosto comienza con protestas de docentes, estatales y organizaciones sociales y reformas clave como la Ley de Tierras.
El lunes 3 está está previsto un paro de 24 de docentes y estatales. Tanto UTELPa como ATE, convocaron a movilizarse desde las 10 de la mañana en la plaza San Martín, por una recomposición salarial, y reclamos puntuales como la restitución del FONID y la paritaria nacional docente y contra los despidos en organismos estatales, entre otros reclamos.
El inicio de las huelgas será este lunes 3 de agosto. Esa fecha, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización al ministerio de Economía. ¿El motivo? El reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra “el vaciamiento de organismos públicos y despidos en el Estado”.
Esa misma fecha estará determinada por otra huelga de alcance nacional: la que establecieron los trabajadores docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). El día que eligieron los representantes gremiales para encarar una acción coincide con el inicio del ciclo lectivo tras el receso invernal.
“La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, explicaron desde el colectivo gremial.
También aparecen los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en pie de guerra. El miércoles, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, anticipó que los sindicatos darán a conocer un plan de lucha para todo el mes. Será mediante una conferencia de prensa en la calle Azopardo.
De acuerdo a lo que trascendió, las acciones a encarar serán varias, como clases informativas, protestas en las calles para dar a conocer los reclamos y volanteadas. Y no se descarta una movilización al ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello ante “el deterioro salarial del sector y la falta de inversión pública en el sistema educativo”.
Romero le expresó a Agencia Noticias Argentinas que tomaron la decisión de manifestarse ante “la crisis prolongada del sistema educativo producto del abandono del Gobierno nacional”. Y expresó que la cartera de Pettovello, a cargo de la secretaria de Educación, está compuesto por “buenas personas, escuchan” pero que “no resuelven los problemas que atañen al futuro de todos los alumnos”.
Otra protesta a gran escala será la del jueves 6 de agosto, la jornada en que el Senado tratará la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. Allí, en las inmediaciones del Congreso, se reunirán la CGT, las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para rechazar la normativa. También se espera que organizaciones estudiantiles.
Mientras que el 7 de agosto, las mencionadas organizaciones se congregarán en el barrio de Liniers para encarar la tradicional movilización de San Cayetano. Entre las agrupaciones sociales se ilusionan con armar la marcha “más importante de la década” precisamente en momentos en los que la popularidad de Milei cae en los sondeos y la situación de la economía es delicada. Para muchos actores, es una oportunidad ideal para que la sociedad demuestre su descontento contra la gestión libertaria.
En el Gobierno responden: además de minimizar las acciones de grupos que para la Casa Rosada «forman parte de la oposición», le advirtió a CTERA que el paro de lunes debe garantizar el “75% de la prestación habitual” y alertó sobre sanciones.
También, recordó que «se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial».
En este sentido, la cartera que conduce Pettovello remarcó que «el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa».
«Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles», se señaló en un comunicado. (Agencia NA).
