Entregaron pedidos de audiencia en la Cámara de Diputados y en Casa de Gobierno. Desde el 9 de abril rige un fallo de desalojo de las tierras que ocupan desde hace más de una década en Toay.
“Vinimos con la idea de ser recibidos, de abrir de alguna manera el diálogo para resolver esta situación. Hay una sentencia de desalojo que pone en peligro a las 10 familias y a las 15 niñeces que habitamos Chakra Raís”, afirmó Anita Montes.
“En los últimos dos meses hemos hecho cuatro pedidos de audiencia que ninguno ha tenido respuesta. Estamos entregando una carta abierta para el municipio de Toay, para la provincia y para la comunidad”, agregó.
“Entendemos que esto tiene más que ver con el intendente Ariel Rojas, pero con la saña que hay respecto del barrio con el juico penal y el sumarísimo, que ninguno dio lugar al desalojo. Toay apeló en busca del desalojo que terminó ordenando”, indicó
“Desalojo que entendemos que es ilegal porque estamos relevados en la ley 27.453 de barrios populares. Entendemos que las leyes nacionales de orden público se tienen que aplicar. Si la Municipalidad de Toay no la cumple, la provincia la tiene que hacer cumplir”, añadió.
“Desde el 9 de abril, cuando recibimos la sentencia, nos mantenemos en alerta permanente. Vivir todos los días con la posibilidad de desalojo, es tremendo para las familias y las niñeces. La sentencia habilitó un desalojo forzoso que se podía dar después de los tres meses del fallo. Sería un antecedente terrible para la provincia un desalojo forzoso en Chakra Raís”,
“Hasta a hora no hemos tenido respuesta absolutamente de nadie. La única persona que nos atendió fue la secretaria de Ambiente, y nadie más”, dio.
“Chakra no es un barrio cualquiera, es autogestivo, hemos construido todo con nuestro propio esfuerzo, no hemos pedido ni un clavo a la Provincia ni al municipio. Hemos puesto un Molino porque no nos permiten tener los servicios esenciales. La única respuesta que hemos tenido del intendente Rojas y de Toay es la punitiva”, finalizó.
