Se pasará del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros y dejaría atrás la idea de eliminar cualquier límite.
A contrarreloj, el Gobierno nacional aceptó ofrecer a los aliados más retoques al proyecto que modifica la Ley de Tierras a cambio de votos para obtener el jueves próximo en el Senado la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La letra del proyecto ya había sido retocada unas 15 veces, pero hasta este lunes el texto mantenía el principio de liberalización absoluta para la venta de tierras rurales a manos extranjeras, eliminando el tope del 15% del territorio nacional impuesto en la normativa vigente.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibió la venia oficial para ofrecer a los gobernadores y legisladores aliados una propuesta más laxa que la actual, con un techo de extranjerización del 25%.
Por otra parte, se acordó un sistema de doble conforme para la autorización de ventas de tierras a manos extranjeras, requiriéndose la habilitación tanto de la provincia donde se encuentra el inmueble como del Estado nacional.
De esta manera, según reflejan los últimos borradores que empezaron a circular por los despachos, el Gobierno deja atrás la idea de eliminar todo límite a la extranjerización de tierras.
El martes por la tarde, Bullrich encabezará una conferencia de prensa para dar detalles del texto del proyecto que llevará el jueves al recinto, con las modificaciones habilitadas.
Qué cambia realmente en la ley
El proyecto elimina algunas de las restricciones más importantes que hoy establece la legislación vigente.
Entre ellas, desaparece la prohibición para que extranjeros adquieran tierras rurales que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes y de gran envergadura, una de las principales barreras incorporadas por la ley sancionada en 2011.
También elimina el límite máximo de superficie que podía adquirir un mismo titular extranjero. Hasta ahora existía un tope equivalente a unas mil hectáreas en la zona núcleo -con equivalencias para el resto del país-. Ese límite deja de existir con la derogación de los artículos correspondientes.
La reforma también elimina el cupo por nacionalidad. La legislación vigente no sólo fija un porcentaje máximo de tierras extranjerizadas, sino que además impide que una misma nacionalidad concentre una parte significativa de ese cupo. Esa limitación desaparece en el nuevo texto.
El cambio más profundo, sin embargo, es conceptual. El nuevo artículo 3 establece que “las únicas restricciones” para la adquisición de tierras rurales serán cuatro: la prohibición para Estados extranjeros, autorizaciones especiales para empresas con participación estatal extranjera, un límite general del 25% por provincia y controles para operaciones en zonas de seguridad de frontera.
Con esa redacción, el proyecto reemplaza un sistema basado en múltiples restricciones generales por otro sustentado en excepciones específicas.
A la caza de votos
El jueves se retomará el cuarto intermedio en el que se había estancado la sesión del 16 de julio, cuando el oficialismo interrumpió el tratamiento del orden del día al no contar con los votos para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Aquel había sido el cuarto intento en el que sucumbió el Gobierno para aprobar los cambios en la Ley de Tierras, en la Ley de Expropiaciones y en la Ley de Manejo del Fuego.
Para este quinto intento, el panorama sigue siendo incierto, pero al menos el oficialismo controlará una variable: en caso de empate en votos, el desempate no estará en manos de Victoria Villarruel, quien ya anticipó su rechazo a los cambios en la Ley de Tierras con argumentos ultra nacionalistas.
Como Javier Milei estará afectado a una gira oficial en Ecuador y Colombia, la vicepresidenta quedará a cargo del Poder Ejecutivo y en un mismo movimiento será el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien presidirá la sesión del Senado.
El puntano libertario, si le tocase la tarea de desempatar, lo haría en plena sintonía con el Gobierno, y no habría sorpresas en ese sentido.
El problema, de todos modos, sigue siendo llegar a los 37 votos, partiendo de una base de 21 libertarios propios.
A esos 21 el oficialismo podrá añadir a la cuenta a los tres del PRO y después deberá rellenar con otras fuerzas aliadas que suelen mostrar un comportamiento fluctuante.
Del racimo de diez senadores radicales, antes de estos últimos acontencimientos unos tres se inclinaban por votar en contra (Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger), aunque ahora están a la expectativa de los cambios que Bullrich anunciará en la conferencia de prensa.
Además los dos representantes de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, enfrentan serias presiones en su provincia para que rechacen la reforma planteada por el Gobierno.
El resto de los dialoguistas, en principio, estaría más cerca de acompañar al oficialismo, pero los compromisos son frágiles y podrían haber movimientos fuera de guión que destartalen los planes de la Casa Rosada.
Los otros cambios a la Ley de Tierras
La normativa actual se aprobó y promulgó en diciembre del 2011, en pleno apogeo del kirchnerismo, y además de imponer un límite del 15% a la extrajerización de tierras, estipulaba un tope de mil hectáreas vendibles a personas físicas o jurídicas no argentinas en la zona núcleo agrícola de la Pampa Húmeda o zonas equivalentes en otras partes del territorio nacional.
Tampoco se permitía la adquisición de tierras lindantes a espejos de agua o ribereñas, y se restringía al máximo la extranjerización en zonas de frontera, por ser consideradas de seguridad nacional para el Poder Ejecutivo.
Por último, se establecía un cupo máximo de 30% para ciudadanos extranjeros de una misma nacionalidad, en una misma jurisdicción.
Como parte de la estrategia pragmática de ablande de gobernadores para conquistar votos, Bullrich había conseguido que el autor intelectual del proyecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aceptara a regañadientes un cambio fundamental: que las provincias conservaran en última instancia la postestad de aceptar o declinar las solicitudes de extranjerización, y a la vez que pudieran establecer sus propios topes porcentuales.
También se aceptó prohibir la adquisición de tierras rurales por parte de estados extranjeros, y someter a estrictos procesos burocráticos la autorización de venta de imuebles a favor de empresas con participación de estados extranjeros. (Agencia NA).
