Patria Grande La Pampa rechazó el fallo judicial que impone el desalojo por la fuerza y resaltó que “Chakra Raíz” se encentra relevado en el Registro Nacional de Barrios Populares. Esa ley impide los desalojos.
En un documento de prensa, señalaron:
El Barrio Popular Chakra Raíz se conformó en 2014 sobre terrenos que la Municipalidad de Toay había adquirido para planes de vivienda. Pero, según las familias, estaba abandonado hacía 30 años: baldío, sin alambrar, sin luz ni alumbrado público, usado como basural. Actualmente viven allí unas 12 familias y 14 niñeces. Chakra Raíz se encuentra incorporado en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), pero hoy enfrentan una amenaza de desalojo por parte del Municipio de Toay.
En 2017 se creó el RENABAP y, en 2018, el Congreso de la Nación sancionó por unanimidad la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana. En aquella votación, todas las fuerzas políticas coincidieron en reconocer que el déficit habitacional constituye un problema estructural que exige políticas públicas de integración urbana, regularización dominial y protección ante amenazas de desalojo de las familias que habitan barrios populares. Ese consenso democrático expresó una convicción fundamental: los conflictos habitacionales no se solucionan con desalojos, sino con más Estado, más diálogo y más derechos.
Entre sus puntos, la ley estableció el derecho de sus habitantes a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación; y, para eso, todos los niveles de gobierno, de manera articulada, debían implementar las medidas necesarias. A su vez, se modificó en 2022 para declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental por el plazo de dos años, y suspendió durante ese tiempo las acciones de desalojo de los terrenos donde se asientan los Barrios Populares.
Pese a ello, en 2018 el ejecutivo de la Municipalidad de Toay, a cargo de Ariel Rojas, inició una demanda de desalojo contra las familias de Chakra Raíz, y en 2020 la Jueza de primera instancia rechazó el pedido de suspensión del desalojo por aplicación de la Ley Nº 27453. Esta decisión, recurrida en sucesivas instancias, quedó firme este año, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el Recurso Extraordinario presentado por las familias.
Resulta contradictorio que quienes sostienen la bandera de la justicia social y reivindican el valor de las instituciones hoy impulsen respuestas que desconocen el espíritu de una ley aprobada sin un solo voto en contra. La Ley 27.453 nació precisamente para que el Estado abandone la lógica de expulsar a quienes no pudieron acceder al mercado formal del suelo y asuma la responsabilidad de construir soluciones. Defender esa norma no implica desconocer la existencia de derechos de propiedad ni de decisiones judiciales; implica recordar que el propio Estado reconoció que el acceso a la tierra y a la vivienda digna constituye un problema social que debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos.
La experiencia del RENABAP demostró, como sucedió en la vecina ciudad Santa Rosa respecto al acceso al tendido eléctrico en los barrios populares, que es posible construir respuestas distintas cuando existe decisión política. La respuesta fue y es integrarlos, no expulsarlos. Por eso sostenemos que el conflicto de Chakra Raíz no puede reducirse a un expediente judicial. Detrás del mismo hay familias, niñeces y una comunidad organizada que reclama ser escuchada. Como fuerza política, desde Patria Grande trabajamos para que en Santa Rosa los barrios populares sean reconocidos como tales e integrados, y reafirmamos nuestro compromiso por una provincia donde nadie sea expulsado por su condición social y donde el acceso a la tierra y a la vivienda deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho efectivo. Porque una sociedad más justa no se construye desalojando comunidades, sino garantizando derechos de tierra, techo y trabajo para todas y todos.
