La senadora del justicialismo, Juliana di Tullio acusó al senador libertario Joaquín Benegas Lynch por presunto conflicto de intereses y lo acusa de formar parte de la firma Glocal Terra, empresa que ofrece asesoramiento legal y financiero para venta de tierras rurales.
Horas después del anuncio de la caída de la reforma de la Ley de Tierras, la senadora nacional Juliana di Tullio presentó una impugnación contra el libertario Joaquín Benegas Lynch por presunto conflicto de intereses. La legisladora justicialista acusa al entrerriano de ser «socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros» y exige que se abstenga de votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La denuncia de Di Tullio es por presunto conflicto de intereses, en donde agregó que «no es complicado de entender: juez y parte», y señaló: «Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio, no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria».
En la impugnación presentada ante la titular del Senado, Victoria Villarruel, relaciona al senador de La Libertad Avanza con la firma Glocal Terra SRL, donde presuntamente J. Benegas Lynch presta servicios como gerente para asesoramiento comercial, legal, financiero e «intermediación directa destinada a inversores extranjeros» para la adquisición de tierras rurales en Argentina.
¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros.
Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo… pic.twitter.com/Ht66dTH84n
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 5, 2026
Para Di Tullio, «existe una colisión directa entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado». Luego, señala que «cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa privada a la que está vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia».
En rigor del pedido de impugnación de Joaquín Benegas Lynch durante la sesión de este jueves, la senadora invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley de Ética en la Función Pública. (Parlamentario).
