El establecimiento privado de salud fue denunciado por el PAMI bajo sospecha de sobrefacturar los servicios que le presta a la obra social de personas jubiladas y pensionadas.
Plan B Noticias accedió a la denuncia penal que el PAMI le presentó a la Clínica Regional de General Pico por presunta defraudación a la administración pública mediante la facturación de servicios y prestaciones que no habría realizado.
El PAMI denunció al médico Carlos Andreani y a toda persona responsable del establecimiento privado de salud bajo sospecha de la posible “comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, defraudación mediante ardid o engaño, falsedad ideológica” en perjuicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Esa defraudación, según la denuncia, se habría realizado mediante “la utilización de mecanismos informáticos o registrales para simular la realización de prestaciones médicas podría configurar un ardid idóneo para obtener un beneficio económico indebido”.
La denuncia fue realizada por PAMI Nación a instancias de PÄMI La Pampa. Analizaron la información relacionada con prestaciones médicas “transmitidas al sistema del Instituto mediante el mecanismo de Órdenes Médicas Electrónicas (OME)”, así como “los registros de facturación asociados a dichas prestaciones”.
Al analizar las facturas, encontraron diversas “inconsistencias entre las prestaciones registradas en el sistema del Instituto y las prestaciones que efectivamente habrían sido realizadas a los afiliados”.
Del expediente administrativo “surge que el médico Carlos Andreani, quien se encontraba vinculado al sistema del Instituto tanto en su carácter de médico de cabecera como mediante un subusuario correspondiente a la especialidad cardiológica asociado al prestador Clínica Regional, habría intervenido en la generación y validación de diversas órdenes médicas electrónicas correspondientes a prácticas cardiológicas transmitidas al Instituto”, enumeran.
Agregan que “el profesional operaba en el sistema mediante dos perfiles distintos: por un lado, su usuario como médico de cabecera y, por otro, un subusuario vinculado a la especialidad cardiológica dentro del citado prestador”.
“La auditoría detectó que en determinados casos las órdenes médicas habrían sido generadas desde el usuario correspondiente al médico de cabecera y posteriormente validadas o transmitidas mediante el subusuario de especialista”, detallan.
“Esta modalidad de operatoria resulta incompatible con las reglas de funcionamiento del sistema, lo que habría permitido registrar prestaciones bajo condiciones que no se corresponden con el circuito regular de atención médica. Paralelamente, en el marco del proceso de auditoría se realizaron encuestas y entrevistas a afiliados que figuraban en el sistema como receptores de determinadas prácticas médicas. En algunos de esos casos los afiliados manifestaron no haberse realizado la totalidad de los estudios consignados en los registros del Instituto”, señalan.
“Así, por ejemplo, en uno de los casos relevados el sistema registra para un afiliado la realización de diversas prácticas cardiológicas, entre ellas consulta especializada, electrocardiograma, estudio holter, ecodoppler y presurometría. Sin embargo, al ser entrevistado por los auditores el afiliado manifestó haber concurrido únicamente a una consulta y haberse realizado un estudio puntual, desconociendo la realización del resto de las prácticas registradas”, ejemplifican.
“El informe de auditoría menciona prácticas transmitidas al sistema con montos que superan los doscientos mil pesos por afiliado. Por otra parte, durante las entrevistas realizadas en el marco de la auditoría algunos afiliados manifestaron haber abonado sumas de dinero en concepto de “plus” para acceder a consultas o estudios médicos, mencionando pagos de aproximadamente $10.000 por consulta y montos adicionales para determinados estudios diagnósticos”, añaden.
Desde PAMI estiman “el perjuicio patrimonial derivado de las prácticas médicas registradas y facturadas al Instituto que no habrían sido efectivamente realizadas” en un monto multimillonario.
Y agregan que le abonaron $217.064,86 por prácticas que no habría realizado, según se desprende de las encuestas.
Por último, señalan que la “Clínica Regional S.R.L. presenta niveles de facturación significativamente superiores a los de otros establecimientos de similares características en la misma jurisdicción, habiendo facturado durante el año 2025 la suma aproximada de $1.314.310.087,81, superando en más de $800.000.000 a otro prestador de similar capacidad prestacional ubicado en la misma localidad”.
La denuncia penal se hizo en CABA y le corresponde la investigación a la justicia federal.
