Durante la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de La Pampa, los legisladores de Comunidad Organizada Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto plantearon sus posiciones sobre dos temas de fuerte impacto provincial: la futura licitación del área hidrocarburífera El Medanito y los reiterados cortes en el suministro de agua potable vinculados al Acueducto del Río Colorado. Entre sus propuestas, impulsaron incorporar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al proceso licitatorio y reclamaron información y explicaciones sobre las interrupciones del servicio de agua.
Durante su intervención, el diputado Maximiliano Aliaga Souto expuso los principales lineamientos del proyecto de ley presentado junto a la diputada Sandra Fonseca, que propone establecer un nuevo marco para la licitación nacional e internacional del área El Medanito por un plazo de 25 años.
El proyecto establece la realización de una auditoría técnica externa e independiente previa a la licitación, para conocer el estado real del yacimiento, los pozos activos y abandonados, la producción, las inversiones realizadas, el cumplimiento de compromisos anteriores y la situación ambiental.
Al respecto Aliaga expreso: “Para Comunidad Organizada, esta información es indispensable para evitar que el nuevo concesionario termine asumiendo responsabilidades que corresponden a operadores anteriores. Uno de los puntos centrales es el tratamiento de los pasivos ambientales existentes. Luego de la audiencia pública realizada en junio, se puso de manifiesto la existencia de 137 pozos abandonados sin cumplimiento adecuado de los protocolos ambientales, con un costo estimado de remediación de aproximadamente 22 millones de dólares.”
“Por eso, la iniciativa plantea una línea de base ambiental previa a la entrega del área y un deslinde de responsabilidades, evitando que los pasivos generados anteriormente sean trasladados al nuevo concesionario o, indirectamente, a los pampeanos.”
Destacó que “Otro aspecto central es establecer, de manera excepcional para esta licitación, que no resulte exigible la participación obligatoria del 20% de Pampetrol S.A.P.E.M.”
“Desde Comunidad Organizada estamos convencidos que esto permitiría ampliar la competencia entre inversores nacionales e internacionales y generar mejores condiciones para obtener mayores regalías, bonos de ingreso e inversiones reales.”
El proyecto también fija planes mínimos de perforación, mantenimiento, tecnología y remediación ambiental, especialmente durante los primeros cinco años, y exige el cumplimiento efectivo del 80% de mano de obra pampeana y el compre local, con sanciones frente a incumplimientos.
Asimismo, la adjudicación deberá ponderar integralmente regalías, bono de ingreso e inversiones destinadas a recuperación asistida, secundaria y terciaria, evitando que el proceso se reduzca exclusivamente a una cuestión de precio.
Aliaga también destacó la incorporación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Nacional 27.742, como herramienta para generar condiciones de previsibilidad y estabilidad jurídica y fiscal que permitan atraer inversiones de gran escala.
Desde Comunidad Organizada señalaron que la adhesión al RIGI no implica un beneficio automático para ningún concesionario, sino la posibilidad de que los proyectos que correspondan sean presentados ante la autoridad nacional competente: “Los recursos de La Pampa no pueden administrarse a libro cerrado. Los pampeanos tienen derecho a saber qué se entrega, en qué condiciones, cuánto se invierte, cuánto se recauda y quién responde por los daños ambientales”, sostuvo Aliaga.
Por su parte, la diputada Sandra Fonseca solicitó el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución que reclama información y explicaciones por los reiterados cortes de suministro de agua potable y por el funcionamiento del Acueducto del Río Colorado.
Fonseca manifestó: “el agua potable constituye un servicio esencial para la vida y la salud y que tanto Santa Rosa como las localidades abastecidas por el Acueducto vienen atravesando cortes reiterados. Las familias juntan reservas, las instituciones suspenden actividades y los vecinos no saben cuándo volverá el agua. Eso no puede convertirse en normalidad”, expresó.
La legisladora de Comunidad Organizada sostuvo que la Cámara de Diputados no puede mantener silencios institucionales frente a la obligación de controlar cómo funcionan los servicios públicos y cómo se administran los recursos del Estado.
“Por ese motivo, el proyecto solicita la presencia de los integrantes del directorio de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y del responsable técnico del Acueducto, para que expliquen las causas de los cortes, el estado real de la infraestructura y las medidas previstas para evitar que vuelvan a producirse con la documentación respaldatoria. No alcanzan las declaraciones políticas. Cuando está en juego el agua que consumen los pampeanos, la información tiene que estar arriba de la mesa”, afirmó.
Durante su exposición, la diputada también hizo referencia a las versiones que vincularon el último corte registrado en Santa Rosa con supuestas diferencias políticas entre sectores del oficialismo provincial y el intendente Di Napoli.
Fonseca fue contundente: “Si son falsas, que las desmientan categóricamente y con documentación. Si tienen algún grado de veracidad, la situación es gravísima. El acceso al agua potable no puede depender de una interna. Los pampeanos no pueden ser rehenes del egoísmo politico”.
“No podemos pedirle a la gente que se acostumbre a vivir sin agua. No podemos desde esta legislatura naturalizar los cortes reiterados.” Sostuvo la diputada.
Sobre el proyecto por el cual el oficialismo provincial buscaba repudiar el cierre del programa nacional REMEDIAR. Al respecto Fonseca manifestó “se intenta instalar una falsa dicotomía, como si cualquier modificación al programa implique necesariamente un ataque al derecho a la salud.”
“Remediar nació en el año 2002, en el contexto de una profunda crisis económica y social, provocada pro el colapso del 2001, como una herramienta extraordinaria destinada a garantizar el acceso a medicamentos esenciales. Ahora 20 años después resulta legitimo discutir si los recursos públicos destinados a este tipo de programas están siendo utilizados de la manera más eficiente posible. Por lo que es necesario auditar programas, evitar superposiciones administrativas, controlar el uso de los recursos y prevenir sobreprecios o desvíos.”
Comentó que “Recordemos que conforme a los artículos 121 y 125 de nuestra constitución nacional, las provincias conservamos la facultad de administrar nuestro sistema de salud. Antes de reclamar mas recursos nacionales hay que mirar lo que ha venido haciendo el gobierno provincial en lo inherente a la salud”.
La legisladora dijo que “La Pampa en el año 2017 creo el laboratorio de producción de medicamentos con sede en General Pico, luego en el 2020 Ziliotto lo transformó en un fideicomiso, para así evitar rendir cuentas de los millones de pesos que destina al mismo. Al día de hoy, no se ha conocido ni un solo medicamento fabricado a partir de esos millonarios aportes provinciales”.
“Por lo que esta falsa dicotomía de quejarnos por los recortes, cuando el gobierno provincial se encuentra enviando los recursos de los contribuyentes pampeanos a fideicomisos usando a la salud como excusa», expresó Fonseca.
Frente a este argumento, diputadas del oficialismo como George y Larreta le manifestaron que fuera a la justicia a denunciar. Fonseca les respondió: “lamentablemente no existe una justicia independiente en La Pampa, imposible recurrir a la justicia manejada por Vanini. Vamos a trabajar por una justicia independiente, sin intervención de sustitutos, y allí vamos a avanzar con las denuncias que hemos realizado por diferentes casos de corrupción.” dijo Fonseca.
Por su parte el diputado Espartaco Marin, pidió la palabra y dijo a la legisladora Fonseca con la frase “salto la laucha” por expresar que la provincia de La Pampa no cumple con los criterios que exige la ley de trazabilidad de medicamentos. “Que permite conocer todo el recorrido de un medicamento desde su fabricación hasta su llegada al consumidor. La trazabilidad es una política publica que solo el 9% de los 9000 Centros de Salud del país, pueden cumplir con esos procedimientos y normativas. En La Pampa los medicamentos entran en una caja negra y no se sabe bien su destino final. También la diputada expreso un ejemplo claro, es el vacunatorio de Kicillof de Pilar”.
Sandra Fonseca exige disculpas públicas del diputado Marin. “La constitución me protege, por eso se debe respetar la opinión de cada uno de los diputados, por eso le exijo disculpas públicas a Marin” expresó.
