El diputado pampeano rechazó el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y advirtió que la iniciativa reduce las herramientas de fiscalización de ARCA, flexibiliza los controles y amplía los beneficios hacia contribuyentes de mayor capacidad económica.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de “Inocencia Fiscal II”, impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca ampliar el universo de contribuyentes alcanzados por el régimen simplificado de Ganancias. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
Durante el debate, el diputado pampeano Ariel Rauschenberger, integrante del bloque de Unión por la Patria, cuestionó el proyecto y rechazó el argumento oficial de que se trata de una simple simplificación tributaria. Para el legislador, las modificaciones introducidas exceden ese objetivo y generan un esquema que favorece la incorporación de fondos no declarados al circuito formal con menores controles.
“Esto no se trata de una simplificación tributaria porque es mucho más que eso”, sostuvo Rauschenberger durante su intervención. En ese sentido, señaló que si se tratara solamente de una simplificación administrativa, “no estaríamos hablando de presunciones legales, de períodos de prueba, prevención de lavado de activos”.
El legislador pampeano fue más allá y definió el proyecto como una iniciativa que “se aproxima a un blanqueo”, al considerar que facilita la incorporación de fondos de origen no declarado al sistema formal, particularmente para operaciones inmobiliarias, y que al mismo tiempo ejerce presión sobre la Unidad de Información Financiera (UIF) para modificar las normas vinculadas con la prevención del lavado de activos.
Uno de los principales cuestionamientos de Rauschenberger estuvo dirigido a la eliminación de los límites económicos que establecía el régimen original. El proyecto elimina los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio para acceder al sistema simplificado.
Para el diputado, esta modificación contradice el argumento oficial de que la medida está destinada a facilitar el cumplimiento de pequeños y medianos contribuyentes.
“Se amplía el universo de quienes van a estar beneficiados porque dice que es para beneficiar a los pequeños y medianos contribuyentes para simplificarles la vida, pero el límite de mil millones de pesos de ingreso y de 10 mil millones de pesos de patrimonio se eliminan”, cuestionó.
Según Rauschenberger, con esa modificación “deja de ser beneficioso para los pequeños y medianos, e ingresan los que tienen mayor capacidad contributiva”.
El legislador también puso el foco en la reducción de las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Advirtió que el proyecto establece nuevas condiciones para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado por un contribuyente y lo que el organismo fiscalizador detecta.
“Defender esa capacidad no significa defender la arbitrariedad del Estado, sino defender tener un sistema impositivo que sea equitativo y tenga herramientas de fiscalización”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que las modificaciones “restringen las facultades al ARCA y elevan las barreras para que una inconsistencia sea considerada relevante”. Y advirtió sobre una consecuencia concreta: “Esto tiene consecuencias porque aplica la prescripción porque pasan tres años en vez de cinco años”.
Otro de los aspectos cuesitionados por Rauschenberger es la restricción para obtener y cruzar información durante los procesos de fiscalización. En particular, señaló la derogación del inciso G del artículo 18 de la Ley 11.683, que permite contrastar los depósitos bancarios de una persona con los ingresos declarados a través de su facturación.
“Hay restricción para levantar pruebas”, alertó el diputado, y consideró que la medida debilita las herramientas con las que cuenta el Estado para detectar inconsistencias y posibles maniobras de evasión.
También expresó preocupación por las disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de activos. Según explicó, el proyecto considera cumplido el requisito de canalización cuando el sistema financiero formal interviene en el origen o destino de una operación.
“Esto no acredita la procedencia económica originaria de los fondos”, remarcó.
Para Rauschenberger, el régimen planteado por el oficialismo tiene, por lo tanto, características que “exceden a una simplificación tributaria y bancarización”.
En el tramo final de su intervención, el diputado pampeano volvió sobre la idea central de su rechazo y sostuvo que el proyecto termina beneficiando a quienes tienen una mayor capacidad económica y cuentan con fondos que no fueron declarados. “El dictamen de mayoría se le aproxima a un blanqueo porque facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal, limita la revisión”, afirmó.
También cuestionó la reducción generalizada de multas para las PyMEs. Si bien el proyecto establece una reducción del 25% de las multas formales para micro, pequeñas y medianas empresas, Rauschenberger planteó que debería contemplarse una diferenciación según el tamaño y la capacidad contributiva.
“Propusimos la cuestión de la capacidad contributiva, escalas diferenciadas por tamaño y que haya reducciones según la categoría de la empresa. La propuesta es imparcial e insuficiente”, sostuvo.
El legislador aclaró que su bloque no rechaza la simplificación tributaria ni la incorporación de recursos al circuito formal. Tampoco, dijo, cuestiona la necesidad de proteger a los contribuyentes frente a eventuales arbitrariedades del Estado.
Pero marcó un límite: “No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”.
Y cerró con una advertencia sobre el impacto del régimen en el sistema tributario: “No puede haber seguridad jurídica solamente para quienes adhieran a la inocencia fiscal, tiene que haber seguridad jurídica para quien cumple, para quien paga, para quien produce y para una sociedad que también necesita tener una recaudación tributaria justa y equitativa”.
“Así, se premia la evasión y el esfuerzo termina recayendo sobre los pagadores de siempre. Por eso rechazamos este proyecto”, concluyó.
Qué cambia con la nueva ley
La iniciativa, que modifica la ley 27.799, amplía el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias: podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin los límites de ingresos y patrimonio que regían hasta ahora. El plazo para ingresar a los beneficios, además, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.
Entre los cambios centrales, se redefine qué se considerará una “discrepancia significativa”, es decir, el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración simplificada. El parámetro será una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
La norma mantiene, de todos modos, las facultades de fiscalización de ARCA sobre contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. A la vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal y utilizar medios autorizados por el BCRA o la CNV.
Otro de los cambios incorporados durante el tratamiento legislativo fue la reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas, uno de los puntos que terminó de delinear el texto aprobado en la Cámara baja.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la aprobación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal representa uno de los avances legislativos que buscaba el Gobierno en la sesión de Diputados, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Tras obtener la aprobación en la Cámara baja, la iniciativa deberá continuar ahora su trámite parlamentario en el Senado. (Redacción Plan B, con información de NA – Parlamentario).
