El senador pampeano sostuvo que se recaudan fondos con un destino específico, pero que el Gobierno Nacional no instrumentó las medidas necesarias para convertirlos en asistencia concreta para las personas con discapacidad. El legislador presentó una moción de preferencia, que fue aprobada, y el proyecto sería tratado en próximas sesiones.
Daniel Pablo Bensusán exigió en el Senado que el Gobierno nacional informe cuánto recaudó y cuánto ejecutó durante 2024, 2025 y 2026 del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. También reclamó conocer el estado de los expedientes que ya fueron evaluados y aprobados, pero continúan pendientes.
El fondo se financia, entre otros recursos, con las multas por cheques rechazados que percibe el Banco Central. Ese dinero tiene una asignación específica y debe utilizarse para financiar ayudas técnicas, productos de apoyo, adecuaciones de viviendas y vehículos adaptados para personas con discapacidad.
“¿Por qué el pedido de informe? Porque no están destinando esos fondos para mejorar la calidad de vida de quienes requieren características determinadas en viviendas, educación, salud, transporte y una calidad de vida que debe ser atendida sin postergaciones”, explicó Bensusán. El senador aclaró que no se trata de generar un gasto, sino de que el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, haga efectiva la llegada de esas partidas, necesarias para cumplir con el objetivo para el cual esos recursos son recaudados.
Bensusán denunció que esta situación forma parte de una misma política de abandono: primero las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, después las auditorías que obligaron a personas con discapacidad a trasladarse cientos de kilómetros y ahora la falta de aplicación de fondos que tienen un destino establecido. “Recaudación hay; lo que no hay es dinero para los que más lo necesitan”, advirtió.
“No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que el Gobierno cumpla con lo que establece la ley”, afirmó. Además, cuestionó el “silencio atroz y absoluto” del Poder Ejecutivo ante los pedidos de informes, las solicitudes de acceso a la información pública y los reclamos para que se explique qué destino se le está dando al dinero dispuesto por ley para las personas con discapacidad.
