El partido Comunidad Organizada cuestionó el proyecto de ley para establecer un sistema de peajes en rutas provinciales y sostuvo que la iniciativa constituiría una medida “ilegal” y “discriminatoria”. La fuerza opositora afirmó que el cobro no estaría vinculado a nuevas obras viales y reclamó información sobre los recursos que ingresaron al Fondo de Vialidad Provincial y el destino que tuvieron desde 2020.
Desde Comunidad Organizada manifestaron que «En las últimas horas apareció, previo a los anuncios de los mecanismos de difusión dependientes del gobierno provincial, un proyecto de ley producido por Sergio Ziliotto, pretendiendo usar una norma (de facto) de la provincia de La Pampa del año 1958, en la cual se consigna que la quieren actualizar a las necesidades actuales, que es, en definitiva, el Art. 23 del Decreto – Ley N° 577/58. El mismo contiene la palabra peaje, es cierto, pero expresa y exclusivamente para cuando se construyan obras viales y, a partir de esa construcción, el pago de peaje. En esta ocasión, en forma absolutamente ilegal, se pretende cobrar peaje selectivo, discriminatorio, como una caja de recaudación y, como no podía ser de otra manera, mandándolo a los pozos negros del gobierno de Ziliotto a través de un fideicomiso Fiduciaria La Pampa».
Textualmente desde Comunidad Organizada indicaron lo siguiente:
A todo evento se recuerda que Comunidad Organizada, por acuerdos políticos, se le impide participar también en ese mecanismo creado en donde participan otros sectores de la denominada oposición. Pero, además, queda en evidencia, y lo conocen los pampeanos y todos los que transitan por rutas provinciales, que el gran fondo de Vialidad, creado también por esa norma en 1958, Art. 21, ha sido objeto de malversación de caudales públicos, porque es el fondo dinerario más importante, donde se integra con un porcentaje significativo de todo lo que ingresa a la provincia por impuestos nacionales, ganancias, IVA de coparticipación federal, por la mitad de un porcentaje significativo de los impuestos inmobiliarios y de patentes, en un porcentaje del 50%, sin prejuicio de otros ingresos. Esto no ha sido usado para la construcción ni el mantenimiento de rutas provinciales.
Plantear esto a nivel del Poder Judicial en este estado de situación es conocer que van a recibir el tratamiento de silenciamiento y de resolución de cobertura para la impunidad de ese sector político, de los operadores políticos en el Poder Judicial. No obstante, se denuncia públicamente por si algún Fiscal en un intervalo lúcido de respeto al Estado de Derecho comienza la investigación en representación de la sociedad. Pero sin perjuicio de ello, un Estado provincial no puede generar ninguna normativa que viole arbitrariamente y discrecionalmente el comercio interprovincial generando dificultades, trabas o perturbaciones al mismo. Y esto no es por el centralismo porteño, esto es por el sistema federal y así está determinado en el Art. 75, inciso 13 y 126 de la Constitución Argentina. Porque cobrando peajes sin ninguna obra es un impuesto, es una aduana interior absolutamente inconstitucional, ilegal y las personas que en funciones públicas las avalen o las voten incurren en violación de los deberes de funcionario público en una posible asociación ilícita.
Por lo demás, se incluye que deben darse el 10% a los municipios en el proyecto. Indudablemente un dulce para que algún intendente presione para recibir dinero y fondos y así que se los voten. Los municipios deben responder ante cada población, indicando cuánta plata recaudan por año por mantenimiento de la red municipal de caminos y de esa manera que la población sepa si esa tasa corresponde al cumplimiento de un servicio o es exclusivamente recaudatoria.
Por lo demás, y como es de público y notorio conocimiento, el deterioro de las rutas provinciales permanentes no ha recibido ni en lo más elemental, (bacheos), el mantenimiento básico elemental por parte del Poder Ejecutivo Provincial en un desmantelamiento casi total de la extraordinario organismo del Estado, cual fue la Dirección Provincial de Vialidad. No se han hecho ni los más elementales controles a la vera de la ruta con las balanzas para determinar el peso, en su caso exceso, de transportado de los camiones, sea cual fuere su destino, porque la ruta la rompen los camiones con exceso de peso, sea cual fuere su lugar de erradicación y/o destino.
El Fondo de Vialidad hubiese posibilitado, si no se hubiese malversado el mismo, la construcción de nuevas rutas, incluso de autopistas, como en otras provincias vecinas, con igual o menos recaudación originaria que La Pampa, y todavía están en La Pampa, el 60% de las rutas que construyó el Gobernador Ismael Amid, aunque a algunos les cueste mucho reconocerlo.
Esto es la creación de otra caja de recaudación ilegal en la provincia de La Pampa, lo cual queda confirmado también en que va todo a un nuevo pozo negro, FIDEICOMISO, manipulado por una empresa también de oscuros contenidos y comportamientos, como es FIDUCIARIA LA PAMPA, SAPEM, de la cual, por supuesto, por arreglos políticos no participa Comunidad Organizada.
En definitiva, crear este peaje es para importunar, conflictuar a los sistemas de comercio y desenvolvimiento y, particularmente, el destino a Vaca Muerta, donde otras provincias dispuestas al desarrollo y producción, como Neuquén y Río Negro, dan la muestra de cómo avanza una provincia, incluso con la explotación hidrocarburífera, a diferencia de La Pampa, que es un lamentable ocultamiento fraudulento para el desarrollo de la provincia.
Comunidad Organizada solicitó, a través de un proyecto que el Poder Ejecutivo Provincial informe a la Cámara de Diputados para posibilitar el control del pueblo a través del control legislativo, el dinero que ingresó a la provincia por impuestos nacionales y cómo se fue conformando económicamente el Fondo de Vialidad Provincial y el destino en construcción de rutas y mantenimiento de las mismas desde el año 2020 adelante.
Como toda respuesta, el grupo oficialista de encubrimiento de Ziliotto en la Cámara de Diputados frenó, impidió dicho pedido de informe que, si hubiese sido para poner de manifiesto una gran obra vial y desarrollo en la provincia, rápidamente lo tendrían que haber habilitado, pero contraria y lamentablemente a ello, es encerrarse, ocultar para que el pueblo no conozca o crean que no conozca otro fraude contra los pampeanos.
En caso que alguna persona considere que está muy bien cobrarle plata a los que pasan por La Pampa, tenga en cuenta que todo fraude se vuelve contra el que cree que es beneficiado en algún momento y, con ese mismo criterio inconstitucional e ilegal, otras provincias también podrían comenzar a cobrar bajo forma de peaje a los pampeanos que transiten por otros territorios provinciales, sean vehículos particulares, transporte de carga y/o de personas, lo cual obviamente sería un aquelarre del federalismo. Como así también, no sólo usar este peaje inconstitucional e ilegal, para constituir directamente una aduana interior, cobrando impuestos sin ningún servicio ni construcción, integrándolo al funesto SIRCREB para el cobro de los patentes de vehículos que tampoco circularían en la provincia de La Pampa, con el nuevo sistema de fraude de Ziliotto y sus allegados que le presten colaboración y votación.
PARTIDO COMUNIDAD ORGANIZADA
