El Foro celebra dos décadas de organización y militancia por el aborto seguro, legal y gratuito. Mónica Rodríguez destacó su participación en debates legislativos y advirtió sobre las dificultades actuales para garantizar la ley. Buscan reconocer su trayectoria en el Concejo Deliberante de Santa Rosa.
A partir de un proyecto del concejal de Patria Grande en el FeJuPa, Mariano Alfageme, el Concejo Deliberante de la capital provincial impulsa el reconocimiento a la lucha de las personas que iniciaron el camino por la reivindicación del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
Mónica Rodríguez, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, se refirió a su presencia en el Concejo Deliberante, donde expuso sobre un proyecto para declarar de interés municipal los 20 años del Foro en la ciudad.
“Se cumplen los 20 años, el 22 de septiembre del 2026, son los 20 años de la primera presentación del Foro en espacios públicos, que fue aquí, en el Concejo Deliberante. En aquel momento, como integrantes del Foro, todas las organizaciones, decidimos hacer esta presentación en este espacio, porque considerábamos que era el lugar de debate del pueblo de Santa Rosa, dijimos que era el lugar propicio para hacerlo”, recordó a Plan B.
“Lo hicimos con una actividad donde contamos con la presencia de Gladys Ponte, una médica de Córdoba, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, una educadora comunitaria, Mabel Busaniche, y, por supuesto, el compañero que nos estaba acompañando en aquel momento, desde un lugar muy interesante, que fue Ciro Ongaro, él había sido ex juez del Superior Tribunal de Justicia, aquí en la provincia de La Pampa”, agregó Mónica Rodríguez.
“Él había tenido un fallo histórico, que hoy en día todavía está citado en los manuales de prevención de la criminalización de los eventos obstétricos y nos asesoraba desde el punto de vista de la legislación, y ese día también formó parte de esa presentación”, repasó. “Por eso, nos pareció interesante recordarlo y también le pareció interesante a los concejales que están impulsando esta medida”, resaltó.
Rodríguez hizo un repaso de estos años de lucha. “La verdad es que la campaña (por el Aborto seguro, legal y gratuito) cumple 21 años. Nosotros cumplimos 20 años porque nos organizamos en los primeros meses del año 2006, hicimos una actividad y tomamos varias organizaciones pampeanas la decisión de formar parte de un Foro y el Foro, integrar la campaña. Ya habíamos tenido contactos previamente, inclusive se sumaron organizaciones gremiales también, organizaciones de mujeres, el Instituto de la Mujer. Fue muy interesante ese debate donde decidimos confluir en un Foro y después fue mucho trabajo, porque nosotros lo sabemos, esta era una provincia pequeña, en población, pero tomamos la decisión de visibilizar rápidamente lo que significaba y trabajar en diferentes leyes”, resaltó Rodríguez.
“Nosotros también impulsamos la Ley de Educación Sexual e Integral. Siempre trabajamos observando cómo se implementaba la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y bueno, participando de los debates, teníamos una compañera que era Cristina Ércoli que estaba dentro de la articulación nacional, y, a su vez, nosotros aquí trabajamos en dos monitoreos: uno era de la Educación Sexual Integral y el otro era de la implementación de las leyes de salud sexual y reproductiva, y el aborto seguro”, dijo.
“Para nosotros, aunque no hubiésemos llegado todavía a la despenalización y legalización del aborto, había recursos con el artículo 86 del Código Penal, que no punían los abortos no punibles, justamente por razones de salud y por la razón de un embarazo, por ejemplo, producto de una violación, también consideraba que debía ser acompañado si la persona decidía interrumpirlo. Con estos elementos fuimos trabajando este concepto de que debíamos lograr para la población de la Pampa y del país el aborto seguro, como un derecho humano”, recordó Rodríguez.
Consultada sobre si el aborto ya es un tema saldado por la sociedad, Rodríguez dijo que por ley está consolidado. “Pero nosotras lo sabemos, sabemos, las leyes no solamente hay que aprobarlas, después hay que implementarlas. Tuvimos un periodo de muy buena implementación a nivel país que se acabó en el 2023. A fines del 2023 ya estaba anunciada que la nueva gestión nacional no iba a acompañar, es más —de hecho— todo el movimiento de mujeres incluyendo este derecho tan caro para nosotras, tan trabajado en su conquista, iba a tener dificultades. Y las tiene en casi todo el país porque no se les acercan los insumos a las provincias como debería ser”.
“Nosotras estamos en una provincia donde asumió desde siempre, desde muy temprano, que iba a acompañar la implementación de la ley y la está cubriendo con los recursos provinciales y envían mensajes claros de que se va a trabajar y se va a seguir trabajando sobre esto”, resaltó Rodríguez.
“Pero nosotras estamos alertas en todo el país y trabajando activamente. En el día de ayer tuvimos también algo que fue muy observado por todas las organizaciones del país que es evitar que las mujeres sean criminalizadas cuando toman la decisión de interrumpir una gestación. Ayer una mujer logró recuperar después de 14 años de prisión la libertad, luego de la revisión de un fallo que la había acusado hace ya varios años y la había condenado a la cadena perpetua. Ese es el producto de seguirse manteniendo unidas y trabajando por los derechos de las mujeres en todo el país”, destacó Rodríguez.
El fallo que se conoció ayer
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió el martes dejar sin efecto la prisión perpetua impuesta en 2015 a Paola Verónica Ortiz por la muerte de su hija recién nacida y fijarle una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, equivalente al tiempo que ya llevaba detenida.
El máximo tribunal provincial ordenó su inmediata liberación y remitió las actuaciones, con carácter urgente, a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María para que se efectivice la medida.
Ortiz, de 29 años al momento de los hechos, había sido condenada por homicidio calificado por el vínculo. El episodio ocurrió el 31 de octubre de 2012 en Villa Nueva, en el departamento de General San Martín.
Según aquella sentencia, la Cámara consideró acreditado que la beba nació con vida y que la mujer no cortó el cordón umbilical ni buscó asistencia médica. La causa había llegado a juicio como abandono de persona seguido de muerte, pero durante el debate se modificó la calificación y se aplicó la pena máxima.
El fallo firmado por los jueces Sebastián Cruz López Peña, Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati no absolvió a Ortiz. La declaró responsable del mismo delito, aunque mediando circunstancias extraordinarias de atenuación.
Por unanimidad, el tribunal entendió que la condena de 2015 se dictó sin valorar el contexto de pobreza, violencia, precariedad habitacional y aislamiento social que atravesaba la imputada. Por mayoría, en cambio, rechazó un nuevo informe médico presentado por la defensa: consideró que no era un elemento de prueba novedoso, sino una reinterpretación de pericias ya analizadas en el juicio.
La revisión llegó después de un recurso presentado el 22 de abril de 2024 por las abogadas Julia Alejandra Luna y Rocío Pilar García Garro, de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, que tomaron la causa a fines de 2022.
El planteo se sostuvo en dos ejes: la incorporación de aquel informe obstétrico y la exigencia de juzgar con los estándares de perspectiva de género que el propio tribunal desarrolló en fallos posteriores.
En 2012, Ortiz era madre de tres hijos, no había completado la escuela primaria, no tenía empleo formal y vivía en una habitación prestada. Pericias de la época describieron una personalidad frágil e inmadura y un estado que, según esas evaluaciones, le impedía dimensionar racionalmente el peligro durante el parto. Cumplió la mayor parte de la detención en el penal de Bouwer.
Horas después de conocida la sentencia, las defensoras viajaron a Bouwer para comunicarle la decisión. García Garro subrayó que lo central era la libertad inmediata de una persona que estaba condenada a perpetua. Luna, por su parte, interpretó el fallo como un avance también para otras mujeres juzgadas por emergencias obstétricas.
