El ministro Diego Álvarez confirmó que el caso está en manos de la Justicia tras una denuncia por la posible apropiación de un niño. El menor permanece bajo resguardo de un dispositivo estatal especializado.
El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, se refirió al caso conocido en General Pico, donde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tomó conocimiento la semana pasada de una situación que involucraría a una pareja que habría recibido a un niño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero.
“En el caso de Pico, ahí intervino la Unidad Local de Niñez, vamos a hablar en supuestos, en potenciales, que detecta que hay una posible apropiación de un niño a través de él la entrega de una suma de dinero”, contó a Plan B.
“La familia, cuando toma conocimiento de que se va a proceder a dar la denuncia, se presenta ante el Juzgado solicitando la guarda y la jueza rechaza in límine ese pedido de guarda y da vista al fiscal por la posible comisión de un delito de apropiación y otros delitos que puedan estar”, explicó Álvarez.
“Ahora, está todo en el ámbito judicial y en materia penal la investigación. Y la criatura hoy está en un dispositivo de niñez”, agregó.
En referencia a la versión de la familia, que aseguró que se habían contactado con la Unidad local de Niñez, Álvarez dijo que “de ahí surgió la información cuando detectan que la misma familia manifiesta que hizo un pago por el niño, que no eran referentes afectivos”.
“Pero esto es materia judicial, no me corresponde emitir opinión porque lo único que tenemos es la información de lo que surge de las actuaciones judiciales”, finalizó Álvarez.
El caso
Según se informó previamente, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia informó que, la semana pasada, tomó conocimiento de una situación que involucraría a una pareja que habría recibido a un niño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero.
A partir de la intervención del Organismo Municipal de Protección de Derechos, se realizó la correspondiente denuncia penal el pasado 3 de septiembre.
Ese mismo día, la pareja involucrada efectuó una presentación ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 3 de General Pico, con el propósito de regularizar judicialmente la situación. El Juzgado rechazó la petición y dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal, ante la posible existencia de una conducta delictiva vinculada con la apropiación del niño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Asimismo, durante las intervenciones realizadas se detectaron elementos que podrían indicar una modificación del nombre del niño mientras se encontraba bajo el cuidado de la pareja, circunstancia que también fue puesta en conocimiento de la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.
Ante la situación, y con carácter urgente, se adoptó la medida excepcional prevista por la normativa de protección integral de derechos. Actualmente, el niño se encuentra al cuidado y resguardo de un dispositivo estatal especializado.
Protección integral y respeto por los procedimientos legales
Desde la Subsecretaría se remarcó que las entregas directas de niñas y niños entre particulares, al margen de los procedimientos establecidos por la legislación vigente, no constituyen una vía válida para determinar vínculos de filiación o adopción y pueden configurar conductas delictivas que deben ser investigadas por la Justicia.
El organismo recordó que, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, los tratados internacionales y la legislación nacional y provincial vigente, los procesos de adopción requieren necesariamente la intervención de los organismos competentes y de la autoridad judicial, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
En ese sentido, se destacó que cualquier procedimiento por fuera de las vías legalmente establecidas puede vulnerar derechos fundamentales de niñas y niños, particularmente su derecho a la identidad y su interés superior.
La Subsecretaría reiteró que la prioridad de las intervenciones estatales es garantizar la protección integral de los derechos de las infancias, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad y en estricto cumplimiento de las normas vigentes.
