El bloque de diputados de Comunidad Organizada, integrado por Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, presentó un proyecto de ley que busca eliminar el mecanismo de designación de funcionarios judiciales sustitutos en La Pampa.
La iniciativa propone establecer como único procedimiento el previsto por la Constitución provincial, mediante concursos para cargos determinados, con intervención del Consejo de la Magistratura, propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de garantizar la estabilidad e independencia de jueces, fiscales, secretarios y defensores públicos. La persona pasa a ocupar el cargo en forma inamovible mientras dure su buena conducta.
Desde Comunidad Organizada sostuvieron que «En violación de ello, se produce en La Pampa desde hace años los denominados sustitutos, usando el Consejo de la Magistratura que se integra por un Superior Tribunal de Justicia, Colegio de Abogados y un representante del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados para tomar el examen a las personas sin un cargo específico colocándolos en una lista y que queda luego a discreción del Gobernador. Los mismos no tienen estabilidad en el cargo y tampoco tienen la independencia que les da la Constitución en virtud de esa misma situación de falta de estabilidad y pueden ser removidos sin causa por el mismo titular del Poder Ejecutivo».
Los legisladores precisaron que «se da la situación que varias de estas personas durante años en cargo de sustitutos van a dar el examen de la Constitución y les dan en el Consejo de la Magistratura el máximo puntaje por experiencia en el cargo de sustituto y que los demás participantes de los concursos constitucionales no han podido tener al no estar de sustituto. Es decir, que colocan en los cargos constitucionales a los que primero hicieron entrar por sustitutos y han acreditado buen comportamiento político en sus funciones. De lo contrario, tampoco ingresan por la Constitución».
En el proyecto de ley, Comunidad Organizada expresa que «con esto se está violando la garantía del juez natural, del debido proceso para las personas y que por todo ello se está violando a la Constitución Nacional porque una provincia puede dictar su propia Constitución e instituciones pero preservando el régimen municipal y el servicio de administración y justicia que con esto se está manifiestamente violando y esto implica una gravísima situación contra la vida, la libertad y el patrimonio de los pampeanos».
Finalmenet destacan que se envió una copia de este proyecto en forma simultánea a su presentación en la Cámara de Diputados, al Superior Tribunal de Justicia y al Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa.
