
La diputada Sandra Fonseca, integrante de la Comisión Investigadora creada este jueves por la Cámara de Diputados para analizar las presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sostuvo que el organismo legislativo deberá poner el foco en el interés superior del niño y la responsabilidad del Estado en su protección. “Cuando el interés del niño entra en conflicto con otros intereses legítimos prevalece el del niño”, afirmó, y remarcó que quien toma decisiones sobre la vida de un niño, niña o adolescente debe demostrar de qué manera tuvo en cuenta ese principio.
En la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, se aprobó sobre tablas el dictamen aprobado por unanimidad en la comisión de Legislación Social y Salud Publica, unificado sobre la creación de la Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, integrado por las diputadas, Sandra Fonseca, Noelia Viara, Gisella Cuadrado y Silvia Larreta.
Al respecto las diputadas integrantes de la misma se expresaron. Por su parte Silvia Larreta – en representación del bloque FREJUPA- expresó: “esta comisión se armó por las presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en relación al caso conocido de Rancúl, ya hace más de 10 días que la familia se encuentra acampando ahí afuera, sin respuestas, absolutamente ninguna. Silencio institucional. Me encuentro integrando la comisión, lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad, con el mayor respeto, hablamos del procedimiento que tuvieron cuando le arrebataron de los brazos ese bebé a la mamá. No hubo vinculación, salió de un brazo y cayó en otro, no era la forma. Esto no pasa por la política, pasa por los derechos de los niños”.
Por su parte Sandra Fonseca diputada integrante de la comisión en representación del bloque Comunidad Organizada expresó: “Esta Cámara de Diputados, tiene la función de contralor de todos los sistemas del Estado y en especial el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, donde la defensa de la infancia encuentra en el ordenamiento constitucional y convencional un reconocimiento de protección reforzada, llegamos a esta instancia a partir de un acuerdo legislativo en labor parlamentaria, por eso estamos creandopor unanimidad una Comisión Especial Investigadora de Irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia”.
Fonseca comentó que “Existen dos conceptos sustanciales que sustentan la creación de la Comisión, que tienen que ver con el Interés Superior del Niño como derecho y principio rector en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, como así también la corresponsabilidad. En nuestro Sistema de Protección Integral está expresado este último concepto estableciendo que su protección es una tarea de la familia, de la comunidad y del Estado, y que para el Estado esta responsabilidad es indelegable.”
“Cuando el interés del niño entra en conflicto con otros intereses legítimos prevalece el del niño, claramente el Comité de los Derechos del Niño lo advirtió en su Observación General número 14 y dice el Interés Superior no es abstracto, es una estricta regla de procedimiento, quien decide sobre la vida de un niño, niña o adolescente tiene que demostrar cómo lo tuvo en cuenta”.
La legisladora Gisella Cuadrado -integrante de la comisión por el bloque UCR- manifestó: “en varias oportunidades he realizado este alertaque no estaba bien el sistema, el Poder Judicial ve las posibles fallas del sistema de niñez y los daños son irreparables. Lo manifiestan algunos integrantes del Poder Judicial, lo manifiestan algunos establecimientos educativos, la policía, las consecuencias cuando resulta víctima un niño son irreparables”.
“Esta comisión se tiene que hacer con responsabilidad. Y obviamente que a partir de este caso aparecieron miles, y no podemos privar a esa gente de ser escuchada. El sistema de protección es integral, todos somos responsables, y los legisladores tienen una doble responsabilidad, que es controlar que el Poder Ejecutivo haga bien las cosas”.
En relación a los Proyectos de Ley unificados, por la que establece excepción sobre prohibición en Ley N° 468 sobre la reducción de unidades económicas, el bloque Comunidad Organizada votó negativamente.
La diputada Fonseca argumentó: “La Ley N° 468 tiene claramente muchas décadas, una ley ordenadora de principios básicos para el uso adecuado y eficiente de los recursos, tendientes al mayor beneficio social. las tendencias estadísticas demuestran la necesidad del crecimiento de las unidades a explotar para lograr mayor eficiencia, mayor productividad en los recursos ambientales, tecnológicos. Entonces, a partir de lo planteado por el especialista y el científico, por la modificación que hoy esta Cámara pretende hacer, se va exactamente en la dirección contraria. Permitir reducir hasta un 10% las magnitudes bases ya establecidas por la Ley 468, va en contramano de la realidad.”
“Está claro que hay alguna problemática, no desconocemos, pero creemos que el enfoque de esta modificación es desacertado, no solucionándolo en el tiempo y llevándolo a situaciones de una excepcionalidad permanente, pues esta modificación sólo salvará alguna situación económica de algunos pocos propietarios y algunos pocos profesionales, asimismo un tema no menor, es la situación de vulnerabilidad en la que queda el integrante familiar productor que ve reducida su superficie a un parvifundio, poco productivo, prácticamente insostenible, son situaciones que hay que observar, por ello no vamos a acompañar este proyecto”.
En dicha sesión se aprobó el proyecto de ley por el cual se instituye el mes de octubre como “Mes Provincial de la Salud Mental”, al respecto la legisladora Sandra Fonseca manifestó: “Es un campo complejo, desde uso, abuso de adicciones a sustancias psicoactivas, adictivas o a situaciones, redes sociales, celulares, violencias simbólicas, conductas suicidas, ciberacoso, grooming, neuropatía, entre otras, el avance de las problemáticas que impactan en la salud mental es innegable”.
“Las campañas temporales no alcanzan, los programas deben formar parte de una política integral sostenida para generar impacto si se basan en evidencias científicas y en estrategias socioeducativas multisectoriales. Las problemáticas globales avanzan, pero debemos concientizar a la población y las estrategias siempre son locales, de acuerdo a nuestra realidad y a la población que nosotros queremos llegar con ese cuidado”, concluyó Fonseca

