La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa comenzó a analizar las actuaciones vinculadas al caso del bebé de Rancul y ya solicitó al gobernador Sergio Ziliotto los expedientes y documentación que se encuentren en poder del Ejecutivo provincial. El objetivo es reconstruir lo ocurrido y determinar si hubo irregularidades en los procedimientos administrativos y en la intervención de los organismos provinciales.
La Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, constituida por decisión unánime de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, informa que ya se encuentra trabajando en el análisis de las actuaciones y procedimientos vinculados al caso del bebé de Rancul.
La Comisión está integrada por Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), presidenta; Silvia Larreta (FreJuPa), vicepresidenta; Gisela Cuadrado (UCR) y Noelia Viara (PRO-MID).
El objetivo de la Comisión es analizar la actuación de los organismos del Poder Ejecutivo provincial y de los funcionarios intervinientes, a la luz de todo el plexo normativo vigente en materia de niñez y adolescencia, dentro de las facultades propias del Poder Legislativo.
Como una de sus primeras medidas, la Comisión remitió una nota al gobernador Sergio Ziliotto, solicitando los expedientes, actuaciones y documentación vinculada al caso que obre en poder del Poder Ejecutivo provincial. Esta información resulta necesaria para reconstruir lo sucedido y analizar integralmente la intervención de los distintos organismos y funcionarios.
El trabajo de la Comisión estará guiado por una premisa fundamental: la protección integral y el interés superior de niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier diferencia política o partidaria.
La Comisión no tiene por objeto revisar el proceso de adopción ni las decisiones adoptadas por el Poder Judicial. Su tarea consiste en investigar las circunstancias y los procedimientos administrativos que rodearon la intervención de los organismos provinciales y analizar si las actuaciones se desarrollaron de acuerdo con la normativa, los protocolos y las competencias correspondientes.
El cumplimiento de la ley y de las decisiones judiciales constituye una obligación del Estado. Al mismo tiempo, toda intervención estatal que involucre a una niña, niño o adolescente debe llevarse adelante con responsabilidad, sensibilidad y pleno respeto por sus derechos y garantías.
En este sentido, la Comisión llevará adelante su tarea con seriedad, responsabilidad, prudencia y respeto, procurando garantizar, dentro del marco de sus competencias, la escucha de las personas que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos y sustentando sus conclusiones en la información y documentación que se reúna durante la investigación.
A partir de la próxima semana comenzará una ronda de requerimientos de información, citaciones y entrevistas a las personas, autoridades y funcionarios que hayan tenido intervención en los hechos, con el propósito de reconstruir lo sucedido, reunir la documentación necesaria y determinar, sobre la base de la información obtenida, si existieron irregularidades y las responsabilidades administrativas o institucionales que pudieran corresponder.
