Por Carlos De Laturi (*) Entre la ingeniería política de Puerto Madero, los paracaidistas con sueldazos del Estado y la memoria viva del interior: una radiografía sobre la fantasía de gobernar una provincia desde un laboratorio ideológico.
Paremos la pelota un minuto y miremos la foto completa con un poco de sensatez. Durante meses, buena parte de la política y del periodismo compró el relato de que la nueva derecha en la Argentina era una especie de milagro silvestre: pibes sueltos que se cansaron de la decadencia y coparon el país armados con teléfonos celulares. La realidad, cuando uno se toma el trabajo de raspar la pintura, es infinitamente más terrenal, más vertical y mucho más vieja de lo que nos cuentan.
En La Pampa, esa ingeniería ya no se disimula. Tiene doctrina importada, financiamiento opaco y una misión explícita: usar a la provincia como banco de pruebas de la Fundación Faro.
La ratificación de Adrián Ravier al frente del partido no es un movimiento burocrático de rutina. Ravier no es un vecino indignado que decidió militar; es el vocero presidencial de la Nación y, al mismo tiempo, el Director Académico de la Fundación Faro. Fijémonos en la dimensión de lo que estamos viendo: la voz oficial del presidente en la Casa Rosada es la misma persona que conduce la usina ideológica de Santiago Caputo y Agustín Laje, y quien pretende aterrizar en Santa Rosa para disputarle la Gobernación al peronismo. La pregunta no es si tienen derecho a competir; la pregunta es qué representan verdaderamente cuando bajan a la tierra.
La caja de Puerto Madero y el divorcio con la realidad
La Fundación Faro no nació en una charla de mate ni en un debate universitario. Nació en una cena exclusiva en el Yacht Club de Puerto Madero, con cubiertos a precios privativos y empresarios aportando a una caja que la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene bajo la lupa: más de cinco mil millones de pesos sin declarar para sostener la logística territorial del régimen. El propio Carlos Pagni advirtió que esa caja funciona como el engranaje para financiar estructuras provinciales y pagar sobresueldos a dirigentes.
Esa es la matriz que traen a La Pampa. Vienen a hoteles con aire acondicionado a hablar de la escuela austríaca y a prometer motosierra a fondo. Pero hay una distancia insalvable entre el pizarrón de un economista porteño y la vida de una familia que tiene que estirar la olla en un barrio de General Pico o de Santa Rosa. Te hablan de «destruir el Estado» con la soltura de quien nunca tuvo que esperar que el médico de la posta sanitaria le salve la vida a su hijo, ni sabe lo que cuesta llenar el changuito en el supermercado cuando no hay un mango en la calle. Pero detrás de esa impostura teórica no hay ninguna gesta libertaria: hay una operación política de subordinación territorial. Desmantelar el Estado no es liberar a los ciudadanos; es quitarles la única herramienta colectiva que equilibra la cancha frente a las corporaciones, desarticular la soberanía de una provincia históricamente ordenada y someter el destino pampeano a las decisiones que se cocinan en los despachos de Puerto Madero
El paracaidismo estatal: “decían que eran mejores”
Acá es donde el relato libertario choca de frente con el sentido común. Se pasaron años gritando contra «la casta», jurando que venían a premiar el mérito, que ellos eran mejores y que el Estado debía reducirse a su mínima expresión. Pero cuando les tocó gestionar las delegaciones nacionales en La Pampa, ¿qué hicieron? Armaron una agencia de colocaciones con paracaidistas improvisados.
Ocurrió en ANSES y en PAMI; ocurrió en Vialidad Nacional —con las rutas 35 y 151 transformadas en trampas mortales abandonadas mientras la rosca define cargos—, en la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación y en Radio Nacional. Designaron a dedo a figuras de bajísimo perfil, sin antecedentes de gestión ni trayectoria en las áreas, y con nula capacidad de conducción sobre los trabajadores de carrera.
Y el dato que indigna a cualquiera que labura todos los días es el doble discurso moral: mientras la Casa Rosada le niega quince mil pesos a un jubilado que no llega a comprar los remedios diciendo que «no hay plata», perciben sueldos que están bastante, pero bastante por encima de la mínima (y cuando digo bastante más alto, es bastante más alto). Sueldos de privilegio bancados por ese mismo Estado que mandan a dinamitar en los discursos, utilizados para transformar oficinas públicas en comités partidarios.
Andrés Malamud suele señalar con lucidez que la política rara vez cambia a las personas: apenas las revela. Hay una parábola perfecta para entender esta metamorfosis en el arquetipo de Manuel Adorni. El vocero nacional pasó de posar en las redes haciendo un asado sobre una parrilla improvisada de caño oxidado —para sobreactuar una austeridad plebeya frente a los excesos de la casta— a instalarse en una propiedad en un country exclusivo, jerarquizar su propio rango salarial y cobijar a los suyos en la estructura del Estado. La movilidad social ascendente no murió en la Argentina: simplemente se volvió unipersonal y reservada para los apóstoles del «no hay plata». Ese mismo viaje moral, de la chapa oxidada al confort del privilegio estatal, es el que hoy calcan Ravier y sus delegados en La Pampa: predican el desierto para los jubilados y los trabajadores mientras se garantizan el oasis propio en los despachos públicos.
Y como con los paracaidistas no les alcanzaba para juntar votos, la supuesta «pureza» terminó sellando una alianza con Juan Carlos Tierno y su estructura de Comunidad Organizada. Los cruzados de la nueva era abrazados al muñeco más desgastado, autoritario y con olor a naftalina de la historia provincial. Esa es la renovación: financiamiento de Puerto Madero, paracaidismo en los despachos y la vieja guardia de siempre para juntar boletas.
La motosierra en el territorio: qué pierde el pueblo cuando bajan la persiana
Mientras colonizaban con sueldos de privilegio las dependencias que les servían como búnker partidario, en el resto de la provincia aplicaron un desmantelamiento ciego. La motosierra no cayó sobre la casta; cayó sobre la vida cotidiana de los pampeanos de a pie. Porque cuando un gobierno decide retirarse del territorio, el mercado no viene a salvar a nadie: lo único que queda es el desamparo.
Miremos lo que pasó en el interior: bajaron la persiana de sucursales del Correo Argentino en pueblos como Telén, Winifreda, Alpachiri, Uriburu, Bernardo Larroudé, Alta Italia o Embajador Martini. Para un tecnócrata en Balcarce 50, una estafeta postal es apenas un renglón de gasto a tachar en una planilla de cálculo. Para un vecino de pueblo, el cierre significa que si tiene que mandar un telegrama laboral, enviar una carta documento o hacer un trámite administrativo, ya no camina dos cuadras hasta la plaza: ahora tiene que perder un día entero de trabajo y gastar miles de pesos en nafta o pasajes para viajar hasta Santa Rosa o General Pico. El pueblo se vuelve más chico, más aislado y más caro.
Lo mismo hicieron al clausurar la delegación de ENACOM con custodia policial en la puerta —dejando a los usuarios sin un solo mostrador donde reclamar cuando las empresas concentradas de telecomunicaciones abusan en el interior—, o al desmantelar el Instituto de Agricultura Familiar, echando a 15 técnicos y veterinarios que acompañaban en el barro a los pequeños crianceros del oeste profundo. Y el golpe más descarnado: el cierre del Centro de Referencia (CDR) de Desarrollo Social en Santa Rosa, la ventanilla donde las familias más humildes tramitaban prótesis, pensiones por invalidez y medicación oncológica de alto costo. Bajar esa persiana no terminó con ningún privilegio: le arrancó la red de contención a los más vulnerables y le tiró la carga a las postas, a los hospitales y a los municipios pampeanos.
Las potencias mundiales se están cerrando, subsidian su energía, cuidan a sus industrias y protegen a sus científicos. Nadie en el planeta rifa sus bienes comunes. En La Pampa sabemos lo que costó levantar este suelo: fueron las cooperativas como la CPE o Corpico las que llevaron la luz y el agua donde el mercado jamás hubiera puesto un peso; fue un Estado ordenado el que garantizó salud de alta complejidad y defendió nuestros ríos frente al centralismo.
Gobernar una provincia no es tirar frases provocadoras en un streaming. No tienen equipos técnicos, no tienen plan sanitario, no tienen proyecto productivo. Lo único que ofrecen es soberbia de laboratorio, sueldos de privilegio y socios del pasado. Decían que venían a ser mejores. Si esto es lo mejor que tienen, el cambio que proponen no es futuro: es una peligrosa estafa.
Ya lo advertía Nicolás Maquiavelo hace más de cinco siglos en las páginas fundacionales de la ciencia política: conviene ir siempre tras la verità effettuale —la verdad efectiva de las cosas— y no detrás de las fantasías imaginadas por quienes jamás gobernaron un metro cuadrado de realidad. Porque cuando el dogma de laboratorio desprecia la vida concreta de su pueblo, no construye ningún porvenir: sólo deja tierra arrasada.
(*Militante de Derechos Humanos en H.I.J.O.S Y FEDEFAM ,politólogo en Tesis por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), consultor y analista político.
