Organizaciones sociales y políticas de La Pampa cuestionaron al máximo tribunal por habilitar la venta sin límite de las tierras argentinas al capital extranjero.
En un comunicado de prensa firmado por el Partido Comunista, Patria Grande, PTP-PCR, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), FTV-MILES, La Manuel Ugarte, PSA y Movimiento Mayo, señalaron:
Las organizaciones firmantes, nucleadas en el espacio denominado Encuentro Patriótico, expresamos nuestro enérgico repudio al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja sin efecto el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras y abre el camino a una mayor extranjerización de nuestro territorio.
El 29 de septiembre, a menos de dos meses de la movilización popular del 6 de agosto, que puso un límite al proyecto del Gobierno nacional de avanzar sobre la Ley de Tierras, la Corte Suprema rechazó el amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata. La medida judicial representa un grave retroceso en la defensa de la soberanía nacional y de nuestros bienes comunes.
Tres cortesanos vendepatrias no pueden decidir sobre la voluntad de millones de argentinos y argentinas ni disponer del futuro de nuestra patria. Este fallo expresa una profunda contradicción con los intereses populares y con la voluntad de quienes defendemos nuestra soberanía territorial y nuestros recursos naturales.
El artículo 154 del DNU 70/2023, dictado en diciembre de 2023, derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía límites a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. Si bien la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había declarado inconstitucional ese artículo, el reciente fallo de la Corte Suprema deja sin efecto esa protección judicial.
Esta decisión se inscribe en una ofensiva que busca facilitar la apropiación de nuestros recursos naturales. Cuando el Gobierno nacional de Milei intentó avanzar por la vía legislativa con el proyecto de ley denominado “de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que implicaba eliminar restricciones fundamentales de la Ley de Tierras, la movilización popular logró frenarlo. Ahora, mediante una decisión judicial, se pretende avanzar sobre derechos e intereses fundamentales de nuestro pueblo.
Este fallo responde a los intereses de las oligarquías terratenientes, del imperialismo norteamericano y de sus socios ingleses y sionistas, que pretenden profundizar el saqueo de nuestros recursos y la entrega de nuestra soberanía. Estamos ante una Justicia que, con decisiones como esta, se pone al servicio de los grandes monopolios extranjeros y de sus cómplices locales, en detrimento de los intereses de las mayorías populares.
La Ley de Tierras establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, con un tope del 15% a escala nacional, provincial y departamental, restricciones a la cantidad de hectáreas que podían adquirir los extranjeros y protecciones sobre zonas de frontera y cuerpos de agua de importancia estratégica.
La eliminación de estas garantías pone en riesgo nuestra soberanía territorial, nuestros lagos, nuestros ríos y nuestros bienes comunes, al facilitar la concentración y extranjerización de tierras en manos de capitales extranjeros y sus socios locales.
Advertimos que la defensa de la tierra es inseparable de la defensa de la soberanía nacional. No podemos permitir que nuestro territorio quede subordinado a los intereses de quienes buscan convertir nuestros recursos naturales en mercancías al servicio de la especulación y el saqueo.
Por eso, exigimos la derogación completa del DNU 70/2023, rechazado por el Senado de la Nación y cuyo tratamiento en la Cámara de Diputados sigue pendiente. Consideramos que es fundamental avanzar por ese camino para recuperar la plena vigencia de las protecciones legales y evitar que continúe profundizándose una situación que puede tener consecuencias irreversibles.
Convocamos a las organizaciones populares, sociales, sindicales, políticas y a toda la ciudadanía a mantenerse en estado de alerta y movilización. La respuesta popular del 6 de agosto demostró que, cuando el pueblo se organiza, puede poner límites a los proyectos que comprometen el futuro de la Argentina.
La patria no se vende, se defiende. ¡La tierra es soberanía!
