Foto: MDZ
Aparicio coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, que estudió y detectó presencia de plaguicidas en personas, animales y distintos componentes del ambiente. El sindicato cuestionó el proceso administrativo que enfrenta.
Desde SITRASAP expresaron su profundo rechazo al proceso administrativo que enfrenta la Dra. Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET, y se sumaron al reclamo de FESPROSA y de las distintas organizaciones que exigen que no se avance con su exoneración.
Cabe recordar que Aparicio, coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea que estudió la presencia de plaguicidas y sus posibles impactos sobre el ambiente, los animales y las personas. Entre los resultados, la científica destacó la presencia de plaguicidas en distintas matrices y menores concentraciones en muestras ambientales correspondientes a productores agroecológicos frente a aquellas de sistemas que utilizan productos fitosanitarios.
Durante las campañas de campo se analizaron sistemas productivos convencionales, integrados y orgánicos, con muestras de suelo, lombrices, sedimentos, agua, peces, polvo, aire y cultivos, además de biomonitoreo humano de agricultores, vecinos y consumidores. En el conjunto del proyecto se analizaron 4.573 muestras y 209 sustancias activas, mientras que posteriormente se realizaron estudios toxicológicos y ecotoxicológicos, incluidos ensayos con células humanas y organismos no objetivo.
Ahora bien, según difundieron distintos medios especializados en agro, en el componente argentino participaron 73 personas, «entre productores y habitantes de zonas rurales y urbanas, a partir de muestras destinadas a determinar la presencia de distintos plaguicidas».
Los resultados del relevamiento fueron los siguientes: «El 86,1% de los argentinos evaluados -un total de 73 personas- tenía presencia de glifosato en sangre. En las muestras de materia fecal analizadas en la región, el glifosato apareció en el 100% de los casos. El estudio detectó residuos de plaguicidas no solo en el cuerpo humano, sino de forma generalizada en agua superficial, aire, alimentos, polvo de hogares y suelos».
“Virginia Aparicio cuenta con más de dos décadas de trayectoria científica y coordinó en nuestro país el proyecto internacional SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea destinada a estudiar la presencia y exposición a plaguicidas en personas, animales, alimentos y diferentes componentes del ambiente”, indicaron en un comunicado de prensa.
“El proyecto contó originalmente con participación y aval institucional del INTA. Sin embargo, luego de conocerse los resultados de la investigación, la presentación pública de los datos fue suspendida, Argentina dejó posteriormente de participar del proyecto y se inició un proceso administrativo contra la investigadora”, señalaron.
“Según la defensa de Aparicio y las organizaciones que vienen acompañando su situación, actualmente se pretende aplicar la exoneración, una de las sanciones más graves contempladas dentro de la Administración Pública Nacional”, alertaron,
“Desde SITRASAP entendemos que este caso trasciende la situación individual de una investigadora. Lo que está en discusión es también qué lugar queremos darle en nuestro país a la ciencia pública, a la investigación independiente y al derecho de nuestra sociedad a conocer información que puede resultar fundamental para la protección de la salud y del ambiente”, enfatizaron.
“Como trabajadoras y trabajadores de la salud no podemos permanecer indiferentes cuando se pretende sancionar a quienes producen conocimiento científico sobre cuestiones que pueden tener consecuencias directas sobre la salud de nuestra población”, afirmaron.
Las diferencias respecto de una investigación científica deben discutirse con más ciencia, más investigación, transparencia y debate público. Nunca mediante el silenciamiento o la persecución de quienes investigan”, cuestionaron.
“Por eso, desde SITRASAP acompañamos el reclamo de FESPROSA, APINTA y de las distintas organizaciones científicas, sociales y de derechos humanos que se han manifestado ante esta situación. NO A LA EXONERACIÓN DE VIRGINIA APARICIO. DEFENDAMOS LA CIENCIA PÚBLICA, LA LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN Y EL DERECHO DE NUESTRO PUEBLO A CONOCER. Porque defender a quienes investigan también es defender la salud pública”, cierra el comunicado.
