Tras el fallo de la Corte que restituyó la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que contemplaba esa liberalización, la Comisión Episcopal de Pastoral Social reclamó “velar por la defensa del territorio”.
Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada por disimular sus diferencias con la Iglesia en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, la relación entre el gobierno de Javier Milei y los prelados sigue sumando focos de tensión. En las últimas horas, la Comisión Episcopal de Pastoral Social reiteró su preocupación por la eliminación de los límites a la venta de tierras a extranjeros y reclamó velar por “la defensa del territorio”.
Fue después de que la Corte Suprema de Justicia restituyera la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, del inicio del Gobierno, que contemplaba esa liberalización.
A través de un comunicado, la Iglesia apeló a la “responsabilidad” de legisladores nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades de la Justicia para que velen “por la defensa de la tierra y el cuidado de la Nación”. De inmediato, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se hizo eco del pronunciamiento y lo difundió a través de sus redes sociales.
Las autoridades eclesiásticas recordaron que en junio pasado habían manifestado su inquietud sobre el avance del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Congreso. La iniciativa apalancada por la gestión de Milei incluía una reforma a la ley de tierras.
En ese momento, el área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y Cáritas Argentina habían difundido una carta con duros cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo. Dijeron que el proyecto atentaba contra la soberanía territorial y alimentaria, los bienes comunes y la autodeterminación de los pueblos, advirtiendo que la tierra no debe tratarse como “una mercancía” o “un simple recurso económico”.
El documento fundamentó su posición en la Doctrina Social de la Iglesia –incluyó citas del Papa León (Magnifica Humanitas), San Juan Pablo II y Francisco (Laudato Si’)- para recordar el principio del destino universal de los bienes y destacar el valor cultural e identitario que la tierra posee para las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, las organizaciones firmantes pidieron facilitar el acceso a la vivienda y advirtieron sobre la necesidad de consensuar marcos jurídicos equilibrados para los alquileres.
En ese marco, la Iglesia exhortó a los legisladores a guiar el debate priorizando el bien común, la justicia social y los derechos de las futuras generaciones por encima de intereses particulares o financieros.
Finalmente, a principios de agosto, el oficialismo debió retirar el capítulo de la extranjerización de tierras de la ley de propiedad privada, al constatar que era imposible sumar los votos necesarios para aprobar ese punto. (La Nación).
