Lo presentó la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, quien considera que existen elementos suficientes para analizar una posible causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 5387-D-2026, propone que la Cámara de Diputados active el mecanismo contemplado en el artículo 53 de la Constitución Nacional y remita las actuaciones a la Comisión de Juicio Político para su tratamiento.
En los fundamentos del proyecto, Frade sostiene que una serie de hechos, decisiones y conductas atribuidas al jefe de Estado, consideradas en conjunto, presentan una “gravedad institucional” incompatible con el adecuado desempeño de la máxima magistratura del país. La legisladora aclara que el juicio político no tiene por finalidad sancionar orientaciones políticas controvertidas, sino evaluar comportamientos que puedan resultar incompatibles con los deberes constitucionales del cargo.
Entre los argumentos citados figura la definición que el propio Milei realizó de sí mismo como un “topo que viene a destruir el Estado desde adentro”. Según la diputada, esa concepción debe analizarse a la luz del juramento presidencial de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional.
Asimismo, cuestiona la utilización de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, en particular el dictado del DNU 70/2023, al considerar que abrió un debate sobre los límites constitucionales de los decretos de necesidad y urgencia y sobre el respeto a la división de poderes.
La presentación también menciona expresiones públicas del Presidente contra legisladores, magistrados y periodistas. Para Frade, el uso de canales oficiales para la difusión de agravios o descalificaciones puede resultar incompatible con el pluralismo democrático, la libertad de expresión y la independencia institucional.
Otro de los puntos señalados se refiere a decisiones vinculadas con la defensa nacional y las relaciones exteriores. La diputada plantea interrogantes respecto de la participación de fuerzas militares extranjeras y sobre el alcance de facultades presidenciales que, a su entender, deben analizarse en relación con las atribuciones que la Constitución reserva al Congreso.
En materia económica, Frade incorpora cuestionamientos sobre el traslado al exterior de reservas de oro del Banco Central y la eventual utilización de esos activos como garantía de operaciones financieras. Considera que se trata de una cuestión de especial trascendencia institucional por involucrar recursos estratégicos del Estado.
La legisladora también incluyó entre sus observaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al advertir sobre su impacto en competencias de provincias y municipios y su vinculación con los principios federales establecidos en la Constitución Nacional.
Finalmente, la diputada cuestionó aspectos de la política exterior del Gobierno, particularmente aquellos relacionados con alineamientos internacionales y el ejercicio de facultades presidenciales en materia de relaciones exteriores. A su juicio, estos temas deben evaluarse a la luz de los principios constitucionales y de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
Frade concluye que la reiteración y convergencia de estos hechos justifican la intervención del mecanismo constitucional de responsabilidad política y reclama que la Cámara de Diputados analice si se configura la causal de mal desempeño prevista para la promoción de un juicio político al presidente de la Nación.
