La Fundación Chadileuvú (FuChad) se pronunció sobre la derogación de la Ley 26.737, dispuesta por el DNU 70/2023 del Gobierno nacional, y reclamó el restablecimiento integral de la normativa que establece límites a la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. Si bien la entidad no se opone a las inversiones extranjeras destinadas a actividades productivas, consideró necesario fijar cupos estrictos para esas operaciones, preservar las zonas de frontera y las cercanías de ríos y espejos de agua, y garantizar la protección del ambiente, los recursos naturales y la soberanía nacional.
En un comunicado de prensa expresaron lo siguiente:
La FUCHAD como ONG independiente de todo poder político se ve en la obligación de emitir una opinión sobre un aspecto del DNU 70/2023 y que tiene que ver con la venta de tierras a extranjeros.
El DNU 70/2023: El decreto impulsado por el gobierno nacional en diciembre de 2023 incluyó en su artículo 154 la derogación de la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales), lo que buscaba eliminar los límites impuestos a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La FUCHAD, en lo general, no se opone a que personas de otros países puedan comprar tierras en nuestro territorio para realizar actividades productivas, pero creemos que se debe dar un estricto cupo a dichas ventas. Fundamentamos esta opinión en el hecho que las tierras son parte de un patrimonio nacional que debe ser protegido para respetar la integridad de nuestro país.
Por otro lado, se debe mantener la restricción en las zonas de frontera y en cercanías de cauces de ríos y espejos de agua.
La legislación debe ser muy estricta para que la actividad a realizar no altere el ambiente y proteja los ecosistemas. La minería y la extracción de petróleo son de por sí altamente contaminantes, por dicha razón el Estado debe legislar dichas actividades y ejercer un control permanente y estricto para evitar el daño ambiental.
En el caso de las tierras para la producción agropecuaria también se debe proteger el recurso suelo, el ambiente y la salud humana.
Por esa razón creemos que la Ley 26.737 debe ser restablecida en su integridad por ser sabia y defender nuestra soberanía.
Fijamos esta opinión como un aporte al debate iniciado por la impugnación del citado DNU
Ing. Héctor Gómez Dr. Alberto Golberg
Vicepresidente Presidente
