El Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia presentada por Ana Laura Pizzani contra el accionar de funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y de personal policial en el procedimiento de restitución de un bebé de siete meses, realizado el 7 de septiembre.
La decisión se fundamentó en que no se encontraron elementos probatorios que permitieran inferir la comisión de un delito.
La presentación había sido realizada ante la Comisaría Seccional Primera y apuntaba a presuntas irregularidades en la intervención y supervisión del grupo familiar, además de posibles actos de intimidación y hostigamiento durante el procedimiento. También cuestionaba el accionar del personal policial y la falta de documentación de determinadas circunstancias.
En su resolución, la Fiscalía aclaró que su intervención se limitaba a determinar si las conductas denunciadas podían configurar un delito penal. En ese sentido, remarcó que no le correspondía revisar la legitimidad o el mérito de las decisiones judiciales o de protección de derechos dictadas por las autoridades competentes.
Para rechazar la denuncia la Unidad de Atención Primaria entrevistó a integrantes del Equipo de Abordaje e Incidentes Críticos de la Policía, que participaron de la intervención en Eduardo Castex y del posterior traslado a Santa Rosa.
Según los testimonios incorporados al legajo, el equipo fue convocado para colaborar con personal de la Dirección de Niñez, que debía cumplir una orden judicial de restitución del niño. En ese momento, la pareja que lo tenía bajo su cuidado se encontraba dentro de un vehículo y se negaba a entregarlo, mientras unas 50 personas se habían congregado en el lugar en apoyo a la familia.
Los funcionarios señalaron que se desplegó una estrategia de negociación y diálogo para resolver la situación. Según las declaraciones la familia planteó que no entregaría al bebé hasta que se resolviera un recurso presentado previamente.
Finalmente, se acordó el traslado de Pizzani y el niño a Santa Rosa, acompañados por personal especializado y un familiar, mientras su esposo viajó en su propio vehículo.
Al llegar a la Dirección de Niñez, se realizó una reunión con autoridades del organismo y otros participantes. A pedido de la familia, el bebé fue revisado por una médica de Sanidad Policial antes de ser entregado a su nueva familia. Además, se permitió una instancia de despedida. Consultados sobre posibles expresiones intimidatorias o agraviantes, los responsables policiales manifestaron no haber escuchado ninguna durante el procedimiento.
La Fiscalía consideró que los funcionarios actuaron en el marco de sus competencias y en cumplimiento de una orden judicial. Sostuvo, además, que durante la intervención se priorizaron el diálogo, la contención y el resguardo de la integridad física del niño y de las personas involucradas.
