El Gobierno provincial estima destinar durante este año 2026 más de $1.008 millones a obras de infraestructura hídrica y sanitaria en distintas localidades, a través de los programas provinciales ProPAyS, ProManCa y ProSeDeC.
Las intervenciones forman parte de una política de inversión pública destinada a mejorar los servicios esenciales, acompañar a los municipios y anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Administración Provincial del Agua (APA), sostiene una inversión de $1.008.481.038 en obras de agua potable, saneamiento, mantenimiento de canales y desagües pluviales. Las intervenciones comprenden trabajos finalizados, en ejecución y proyectos que avanzan en distintas etapas administrativas.
Esta política responde a la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de mantener la inversión en infraestructura esencial con recursos provinciales, mediante programas que permiten descentralizar la ejecución de las obras y atender las necesidades de cada localidad.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que “la decisión del gobernador Sergio Ziliotto es sostener un Estado presente en todo el territorio, acompañando a los municipios con obras que responden a necesidades concretas. El agua potable, el saneamiento y la prevención hídrica son fundamentales para la salud, la seguridad y la calidad de vida de la población”.
Inversiones en distintas localidades
A través del Programa de Mantenimiento de Canales y Desagües Pluviales (ProManCa), la Provincia contempla una inversión de $302.655.000 para intervenir aproximadamente 53,6 kilómetros de canales en diez localidades. Durante este año finalizaron trabajos en las localidades de Lonquimay, Macachín, Pichi Huinca, Speluzzi y Miguel Cané, mientras avanzan nuevas intervenciones en Ingeniero Luiggi, Falucho, Caleufú, Realicó y Santa Rosa.
Por su parte, el Programa Provincial de Agua y Saneamiento (ProPAyS) representa una inversión de $520.116.685 destinada a mejorar redes de agua, desagües e infraestructura sanitaria en Jacinto Arauz, General San Martín, La Maruja, Luan Toro, Trenel, Bernasconi y Caleufú. También contempla obras para el manejo de excedentes hídricos en Bernardo Larroudé, Adolfo Van Praet y Coronel Hilario Lagos.
En tanto, el Programa Sector de Desagües Cloacales (ProSeDeC) aporta $185.709.353 a la incorporación de equipamiento para mejorar los sistemas cloacales de Intendente Alvear y Santa Rosa.
Dentro de esta planificación se incluyen nuevos convenios municipales por $411.457.213, que forman parte de los acuerdos firmados la semana pasada por el gobernador Sergio Ziliotto con municipios y comisiones de fomento. Estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales para ejecutar obras de infraestructura hídrica y sanitaria, con financiamiento provincial y una mirada preventiva ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño.
Prevención con planificación
Las obras adquieren especial relevancia ante los pronósticos vinculados al fenómeno climático El Niño, que podría generar precipitaciones superiores a las habituales. El mantenimiento de canales, la mejora de los desagües y el equipamiento sanitario buscan reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de las localidades. En este sentido, el ministro señaló que “la prevención requiere planificación e inversión. Estamos trabajando con anticipación y de manera coordinada con los municipios para que las localidades estén mejor preparadas frente a posibles contingencias climáticas”.
Finalmente, remarcó que mientras a nivel nacional se ha retirado el financiamiento de la obra pública, “en La Pampa seguimos invirtiendo con recursos propios. Entendemos que cada obra, independientemente de su magnitud, representa una mejora concreta en la vida de las familias y reafirma el compromiso del Estado provincial con el desarrollo equilibrado de todo el territorio”. De esta manera, el Gobierno de La Pampa sostiene una política de infraestructura que combina prevención, servicios esenciales y acompañamiento a los municipios, con inversiones destinadas a proteger a las comunidades y mejorar la calidad de vida de la población.
