La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Catamarca manifestó su rechazo total al proyecto que impulsa el gobernador Raúl Jalil para incentivar el paso de trabajadoras y trabajadores estatales al sector privado. Aunque la iniciativa aún no tuvo ingreso formal en la Legislatura provincial, el sindicato se pronunció de manera anticipada para advertir sobre los riesgos que implica para el empleo público y para la calidad de los servicios que recibe la comunidad. La postura fue expresada por el secretario general de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo, quien cuestionó la lógica de reducir la planta estatal en un contexto de profundas necesidades sociales.
En declaraciones a la prensa local, Arévalo sostuvo que «más que reducir el Estado lo que hay que hacer es reforzar la administración pública, donde nos falta personal y más especialmente en el interior provincial». El dirigente enumeró las áreas críticas que padecen la escasez de trabajadores: escuelas, diversas áreas de obras públicas y los servicios vinculados con el agua. Para ATE, el problema no es el sobredimensionamiento del Estado, sino la falta de personal en los sectores que garantizan derechos básicos como la educación, la infraestructura y el acceso al agua potable.
Uno de los ejes centrales del rechazo sindical es la naturaleza del proyecto. El gobierno de Jalil lo presenta como una opción voluntaria, pero desde ATE desconfían de esa caracterización. «Lo que Jalil y su Gobierno deben hacer es recuperar todas las áreas que pertenecen a la administración pública», afirmó Arévalo, y advirtió que la iniciativa «terminará siendo forzosa» en la práctica. El dirigente explicó que el proyecto no brinda ninguna garantía laboral a quienes pasen al ámbito privado, dejándolos expuestos a la lógica del mercado y a la falta de protección estatal.
En ese sentido, Arévalo fue categórico al señalar los riesgos que enfrentarían los trabajadores transferidos: «Los privados solo ven un negocio, por eso cuando se les ocurre decir que los números no cierran o están en quiebra, la primera medida que toman es despedir a las y los trabajadores». La advertencia se fundamenta en la experiencia de otras privatizaciones y en la falta de un marco regulatorio que garantice la estabilidad y los derechos adquiridos de los empleados públicos que pasen a desempeñarse en empresas privadas.
La postura de ATE Catamarca se suma a una serie de reclamos que el sindicato viene sosteniendo en la provincia, como el rechazo al cierre de la delegación local de la IOSFA, el pedido de un bono para los trabajadores estatales ante la situación de endeudamiento y las negociaciones salariales para los municipales de Fiambalá. En un contexto de ajuste y de creciente conflictividad, el sindicato que conduce Ricardo Arévalo ratificó su defensa del empleo público y advirtió que cualquier intento de traspasar trabajadores al sector privado sin garantías constituye un ataque a los derechos de los trabajadores y a la calidad de los servicios que el Estado debe garantizar a la sociedad.
