
El ministro desoyó los reclamos de la UIA y les da mayores facilidades a las empresas extranjeras para cumplir con el 20% de compras locales.
Luis Caputo desoyó los pedidos de la Unión Industrial Argentina (UIA) para que le dé más lugar a las empresas nacionales en los proyectos del RIGI y, por el contrario, flexibilizó el «compre nacional» para que extranjeros tengan más facilidades de cumplir el cupo de compras locales que exigía el régimen.
El gobierno nacional publicó este lunes una serie de modificaciones a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que fue aprobado por el Congreso con determinadas exigencias pero ahora tiene cambios a discreción del Ejecutivo para favorecer a los empresarios extranjeros.
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Por decreto, el gobierno estableció un nuevo parámetro sobre quiénes son considerados proveedores locales, algo clave para cumplir con el mínimo del 20% de compre nacional que establece el RIGI.
A partir de ahora, se considerará proveedor local a cualquier empresa constituida y domiciliada en Argentina, sin importar la nacionalidad ni la residencia de sus accionistas o la composición de su capital social.
«A partir de ahora una compañía de capitales extranjeros con una sociedad constituida en Argentina que fabrique equipos para un proyecto minero podrá computar como proveedor local, aunque sus accionistas sean íntegramente extranjeros», ejemplificó Alejandro «Topo» Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.
«El RIGI pasa de exigir una combinación de radicación y control societario local, a utilizar exclusivamente un criterio de constitución y domicilio para definir a las empresas proveedoras locales. A partir de este momento, cumplir con el requisito del 20% de compras locales no garantiza que ese porcentaje beneficie principalmente a empresas controladas por capitales radicados en Argentina», agregó Rodríguez.
La medida es un golpe directo para las industrias argentinas que verán más complicada su presencia en los proyectos del RIGI y es un nuevo desplante político de Caputo a la conducción de la UIA, que venía reclamando que se respete e incluso se extienda el cupo del 20% de compre nacional.
La UIA pidió meses atrás que el cupo del 20% se aplique específicamente a bienes industriales nacionales y la adopción de esquemas de integración progresiva que permitan ampliar la participación de la oferta local a medida que los proyectos avancen.
El fracaso del compre nacional en el RIGI tuvo su evidencia más clara en el proyecto Vicuña en San Juan, que comenzó con el anuncio de una mega importación desde China de una ciudad modular para los trabajadores mineros.
En su momento, la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostuvo que la obra implica 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Según los números que manejan los proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían unos 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
Los alcances del Decreto 1366/2026
El Gobierno introdujo modificaciones a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que afectan a los proveedores locales, los plazos de inversión, el proceso para fusiones y el ingreso de divisas.
La medida, instrumentada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, busca aportar mayor claridad en la implementación del régimen, agilizar la integración de proveedores locales y regular procesos de reorganización empresarial.
El decreto modifica la reglamentación para establecer un nuevo parámetro sobre quiénes son considerados proveedores locales. En el caso de las personas jurídicas, la condición se determinará exclusivamente por su constitución y domicilio en el país, sin considerar la nacionalidad ni la residencia de sus accionistas o la composición de su capital social.
De esta manera, una empresa extranjera que tenga domicilio en el país, podrá calificar como proveedor local. La modificación apunta a dinamizar la inclusión de empresas radicadas en el territorio nacional. Asimismo, se mantiene el requisito de que los bienes provistos cumplan con las reglas de origen nacional del MERCOSUR.
Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la norma sustituye el inciso i) del artículo 47 fijando una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido al proyecto único.
Con este cambio, se distingue formalmente el cumplimiento del monto global de inversión respecto de los compromisos de inversión previstos para cada etapa individual, evitando superposiciones normativas entre los hitos temporales por etapa y la meta general del proyecto.
También se reglamentan los procedimientos ante cambios de estructura en los Vehículos de Proyecto Único (VPU). Por un lado, se estableció que la adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no altera los derechos del régimen, pero no podrá computarse como inversión en activos computables para cumplir con las metas mínimas.
En paralelo, se habilita la cesión de participaciones o ingreso de nuevos miembros. La operación deberá ser notificada a la autoridad de aplicación en un plazo de 15 días corridos desde su inscripción, contando el organismo con 30 días corridos para formular observaciones.
Además, se autoriza expresamente la reorganización societaria mediante la transferencia integral de activos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Esta transferencia mantendrá la fecha de adhesión original y sus derechos sin considerarse una nueva adhesión al RIGI.
La normativa también adecua las condiciones del Banco Central (BCRA) para el acceso al mercado de cambios. Ahora se permite computar como divisas liquidadas no solo las ingresadas directamente por el VPU, sino también aquellas provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos externos liquidadas por accionistas o socios.
Sobre este aspecto, el decreto determinó que para ser consideradas, los fondos deben destinarse de forma efectiva al Proyecto Único y contar con registros contables que garanticen su trazabilidad. (Agencia NA – La Política Online).

