Este martes se desarrolló la segunda audiencia de esta semana del juicio a los represores de la Subzona 1.4, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 234 víctimas durante el periodo comprendido entre 1975 y 1982.
Por parte del Ministerio Publico Fiscal participaron Leonel Gómez Barbella y Miguel Palazzani, quien dio inicio a la lectura de los alegatos con el caso de los estudiantes y cuerpo docente de la UTN de General Pico, detenidos tras un operativo represivo en la sede de la casa de estudios.
Estos sucesos tienen origen previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Para ese entonces la UTN había crecido y alcanzado el rango de facultad de formación tras dejar de ser una regional de la de Bahía Blanca. La Universidad, los estudiantes y docentes, mantenían un estrecho vínculo con la comunidad piquense, al punto que se les había encargado la realización de un futuro proyecto del nuevo centro cívico.
Una patota sindical, encabezada por el ex diputado nacional y ex secretario general de la CGT, Carlos Aragonés, ingresó de manera violenta a la Universidad con la intención de apoderarse de esta, pero fue resistida por estudiantes y docentes. Antes había ocurrido lo mismo en la sede de Bahía Blanca, con el también gremialista y diputado del FreJuLi, Rodolfo Ponce a la cabeza. En enero del 75 se realiza un operativo represivo,, por orden del juez federal Lema, y son detenidos y llevados a la Comisaría de General Pico. Edi Yañez, presidente del sindicato de músicos de Bahía Blanca, fue el interventor de la casa de estudios luego de que al entonces rector, Carlos Agaya, le quitaran el cargo. Este fue detenido y paseado por los distintos penales que funcionaban como centros de detención de la dictadura. La Facultad permanecía con sujetos permanentemente armados.
Los estudiantes fueron perseguidos tanto por el aparato represivo como por los cómplices civiles, como quedó demostrado en los testimonios de las víctimas, que señalaron al fotógrafo del Diario La Reforma, «Chito» Verga, quien los perseguía y fotografiaba durante el desarrollo de su vida privada, en un auto manejado por el concejal del MoFePa, Rene Andreoni.
En ese entonces, el MoFePa publicó un comunicado oficial firmado por las autoridades del partido, Alfredo Cayre y Rodolfo Rogero, ex piloto del gobernador Ismael Amit, diciendo que los estudiantes «se habían desviado del camino y había que corregirlos». De esto hay testimonios de las propias víctimas, como es el caso de Luis Alberto Barotto, quien agregó que el entonces jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, visitó la casa de estos y tuvo el mismo discurso con sus padres.
Además de esto, un guardia del aeropuerto local murió y culparon a las y los estudiantes por aquel hecho. Una causa armada, destinada a la persecusión de las víctimas del terrorismo de Estado. Otra de las causas inventadas tiene que ver con el robo de un mimeografo. Aquí también entra a operar el juez federal Lema.
Barotto, el testigo que exigió justicia por los delitos sexuales perpetrados durante la dictadura
Raquel Barabaschi fue una de ellas. El entonces jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, encabezó un operativo en la casa de su compañera Rosalin Gancedo y se la llevaron detenida. Fue llevada a la Comisaría Primera de Santa Rosa y sometida a un interrogatorio por Reinhart. Allí vio también al ex comisario Roberto Fiorucci. Raquel fue víctima de abuso sexual y sesiones de torturas por parte de los represores.
Para el 24 de marzo del 76 las fuerzas armadas llevaron a cabo una racia contra estudiantes de la UTN, y entre el 25 y el 27 del mismo mes, mujeres y varones fueron trasladados a la capital pampeana donde quedaron privados de su libertad en la Seccional Primera.
Estela Maris Barrios, una de las estudiantes, estaba en Santa Rosa, por lo que se presentó luego en Pico el 6 de abril, donde fue detenida, encapuchada y trasladada a la Comisaría Primera de la capital pampeana. Estela fue violada en el camino por sus captores.
Estos son solo dos casos de un grupo mayor, que demuestran el ensañamiento particular contra las víctimas mujeres por parte de los verdugos del aparato represivo estatal, en el proceso de privación de su libertad. Pero las consecuencias se extienden más allá del momento de detención, ya que muchas de ellas perdieron su trabajo, sus estudios, y tuvieron pérdidas irreparables.
Para los varones el trato no fue muy diferente. Privación ilegal de la libertad, interrogatorios, y torturas con golpes y picana eléctrica.
Durante la sesión de este miércoles, el fiscal Palazzani se refirió además a las víctimas del del grupo de los legisladores, funcionarios y empleados públicos del gobierno de La Pampa, incluído el entonces gobernador, Aquiles Regazzoli. Muchos de ellos habían llegado a la provincia para trabajar en Obras Públicas, a cargo de Santiago «Cholo» Covella. También víctimas de privación ilegal de la libertad, sometidos a interrogatorios y torturas por parte de la patota de la Primera.
En su alegato, también incluyó los casos de las víctimas de la Escuela Hogar N° 14. El plan era que el Ejercito se quedara con las instalaciones del establecimiento educativo, con una causa inventada de defraudación al Estado por la reparación de un ómnibus y compra de materiales. Fueron privados de la libertad y sufrieron consecuencias posteriores a sus detenciones.
La Escuela fue desmantelada de manera sucesiva. En marzo de 2004 se reclamó desde el Concejo Deliberante que volviera a constituirse en un ámbito para la educación de niños y niñas, aunque continúa bajo la órbita del Ejército.
Palazzani finalizó la lectura de los alegatos con el grupo de víctimas entre los que se encuentra Moises Korsunsky , bajo la absurda acusación de vender ascienda a un subversivo. Se trata del hermano de Sergio «Dado» Korsunsky, militante del PRT y uno de los desaparecidos pampeanos de la dictadura, hijo de la Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca, Celia Jinkis.
Posteriormente pasó a leer las responsabilidades penales del ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini. Antes recordó que estuvo prófugo de la justicia hasta que fue capturado en 2011, en Santa Cruz de las Sierras en Bolivia, donde brindó una identidad falsa. Además, las escuchas telefónicas con sus familiares dejaron al descubiertos los acuerdos con Interpol para que no fuera extraditado.
En La Pampa, el ex jefe de la Policía fue el designado por parte del Comando militar de la Subzona 1.4 para desarrollar las actividades de espionaje, infiltración, inteligencia y el cumplimiento de las regulaciones normativas secretas para interrogatorio y tortura de las víctimas.
Baraldini prestó servicios como jefe de Policía hasta noviembre de 1979. Bajo su mando tuvo a un grupo de tareas, todos policías, que fueron parte de la «reorganización y actualización» de las tareas asignadas por el Comando de la Subzona 1.4. Tareas que este grupo venía desarrollando normalmente, por lo que se lo dotó de más integrantes y de apoyo por parte del mando militar. De acuerdo a esta directiva (Orden 12/75) que bajaban del Comandante a cargo de la Subzona 1.4, Ramón Juan Alberto Camps, los oficiales Aguilera y Fiorucci estaban a cargo de la inteligencia. En tanto, Reta, Yorio, López y Cenizo, a cargo del grupo de informaciones.
Luego de realizar las pruebas, Palazzani acusó a Baraldini de coautor de genocidio, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, violencia, amenazas, e imposición de tormentos, en los 214 casos que se le imputan.
El Tribunal Oral Federal dispuso de un cuarto intermedio y las audiencias se reanudarán los días 18 y 19 de febrero, con la lectura de las responsabilidades del ex secretario de la Gobernación, el militar Omar Greppi.
En el cierre de las audiencias del año pasado, las querellas pidieron 25 años de prisión para el ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el ex secretario de la Gobernación, Omar Greppi, y el médico policial, Máximo Alfredo Pérez Oneto. Baraldini pudo ser llevado a juicio en esta oportunidad ya que en el primero estaba prófugo en Bolivia.
También pidieron 22 años para los expolicías Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Athos Reta y Carlos Reinhart. Para Oscar Alberto “Miseria” López y Juan Domingo Gatica, 20 años de prisión. A Hugo Marenchino 18 años, 14 años para Jorge Quinteros. Además, solicitaron la pena de 12 años para Luis Lucero, y para Osmar Pérez y Miguel Angle Ochoa el pedido fue de 10 años de prisión.
Cabe destacar que todos los imputados están libres o gozan de prisión domiciliaria, salvo Carlos Reinhart, quien continúa preso cumpliendo la condena del juicio de 2010.
También es necesario recordar que el ex comisario Roberto Fiorucci, quien fue condenado en el primer juicio, fue dejado fuera del proceso por el Tribunal que integran los jueces José Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, luego de que la junta médica definiera que el imputado no reunía las condiciones mentales para afrontar el juicio.
