Este miércoles comenzó la etapa de los alegatos de las defensas de los represores. Tal como se esperaba, parte de la estrategia fue negar las responsabilidades por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, justificar el accionar represivo contra la población ya que «se vivía en un contexto de violencia» debido al accionar de las organizaciones armadas, y tildar de «politizados» a los jueces que fallaron contra los responsables militares y policías de aquellos crímenes, al señalar que «la versión oficial es sesgada» y que «no hay ningún informe que diga que en Argentina hubo 30.000 desparecidos».
Los abogados Pedro Mercado y Omar Cayre, defensores del ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, quien enfrenta acusaciones por crímenes en 214 casos, dieron comienzo a las exposiciones que harán durante las sucesivas jornadas las defensas de los imputados en la segunda etapa del juicio Subzona 1.4. El lunes 18 y martes 19 de marzo continúan los alegatos.
Mercado hizo una contextualización de la situación que atravesaba el país en los años previos al golpe del 24 de marzo de 1976, y solo se refirió a una serie de acciones directas llevadas a cabo por las organizaciones armadas, entre ellas Montoneros o el ERP, como por ejemplo la colocación de artefactos explosivos. En muchos de esos casos, después se supo que no habían sido responsables y sirvió para desarticular el argumento con el que intentaron justificar el ataque contra el conjunto de la sociedad. En este mismo juicio se ventila dos ejemplos: La bomba al local de ATE y la bomba en la casa de Cristina Ercoli y Osmar Sombra, ambos víctimas que declararon el año pasado en el inicio del debate.
En un discurso negacionista, el abogado sostuvo que: «“No hay ningún informe que pueda decir, con rigor, que en Argentino hubo 30.000 desaparecidos. Hasta la fecha, no hay constancia que así lo refrende”, argumentó.
Por otro lado, insistió en quitarle responsabilidad a su defendido por los crímenes que se le imputan y dijo que ya es mayor de edad. Baraldini goza de prisión domiciliaria desde septiembre de 2017.
Mercado fue compañero de Baraldini en el alzamiento militar del 3 de diciembre de 1990, ambos condenados a 20 años de prisión y luego indultados por el ex presidente Duhalde en 2.003.
En la misma linea, Cayre acusó al Ministerio Público Fiscal de «presentar un contexto sesgado» al referirse a una «versión oficial» de las víctimas del terrorismo de Estado y dijo que también «se pongan placas por aquellas víctimas policías o personas que pasaban por donde explotaba una bomba y murieron».
«Es una realidad que no se puede ocultar», dijo el también yerno de Baraldini y consideró que “la política le da cierto grado de heroísmo y romanticismo a estos hechos que no lo tuvieron. Por eso es importante para las generaciones nuevas ver también esta parte de la historia”, agregó.
Cayre insistió con la politización de los juicios de lesa humanidad y los fallos de la CSJN con el correr de los años y los gobiernos. “Baraldini ya fue juzgado, y lo tenemos de nuevo sentado acá”, se quejó.
El abogado planteó que “los juicios deben ser sostenidos en función de la legislación” al referirse a la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y las responsabilidades de funcionarios de gobierno y civiles.
Ambos pidieron que se juzgue a los responsables políticos de los gobiernos constitucionales, caso María Estela Martínez de Perón, que no están están imputados en los juicios de lesa humanidad.
El debate oral se reanudará el lunes 18 y martes 19, con la continuidad de los alegatos de las defensas, que se extenderá al menos hasta abril. Luego habrá un último momento para que las querellas presenten una breve exposición y tras eso, el Tribunal Oral Federal compuesto por los jueces Marcos Aguerrido, José Mario Tripputi y Pablo Díaz Lacava, se tomarán un tiempo para dictar la sentencia.
Hasta el momento, tanto las querellas como la fiscalía solicitaron las penas máximas para el ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el ex secretario de la Gobernación, Omar Greppi, ambos militares, y el médico policial, Máximo Alfredo Pérez Oneto.
A su vez, solicitaron 22 años de prisión para los expolicías Antonio Oscar Yorio, Nestor Bonifacio Cenizo, Carlos Reinhart, 20 años a Oscar Alberto “Miseria” Lopez, Juan Domingo Gatica, 18 años a Hugo Marenchino, 14 años para Jorge Quinteros, 12 años a Luis Lucero, 10 años Orlando Osmar Pérez al igual que Miguel Anguel Ochoa.
Subzona 14 II: La Fiscalía pidió 25 años de prisión para Baraldini, Greppi y el médico Pérez Oneto
