La médica psiquiatrica del Servicio de Sanidad Policial, Marcela Paladino, denunció que el proceso de calificación anual que le realizó la Policía de La Pampa presenta «numerosos y severos vicios» y que son parte de una estrategia de las autoridades de excluirla de sus funciones.
El conflicto se inició por que Paladino había denunciado por acoso y violencia laboral al Comisario Mayor, José Manuel Mendía.
«La Policía de La Pampa no cesa con la violencia laboral hacia la médica psiquiatra del Servicio de Sanidad Policial de la Provincia de La Pampa Marcela Paladino. El 8 de noviembre fue notificada del resultado del proceso de calificación anual realizado por la institución, asignándole cuarenta y cinco (45) puntos y catalogándola como “inepta para las funciones policiales», señalaron los abogados de la médica, Esteban Torroba y Julia Coito.
«El informe busca directamente que Marcela Paladino pierda su “estado policial”, lo que es equivalente a la pérdida de la estabilidad en el empleo, con lo que la Policía de La Pampa lograría su cometido final que consiste en excluir a la médica de la fuerza policial», indicaron.
Los abogados realizaron hoy dos presentaciones: La primera, ante la Junta de Reclamos de la Policía a los efectos de que «se revise y revierta una evaluación que presenta numerosos y severos vicios que justifican su invalidación. Los cuatro evaluadores intervinientes, sin excusas cosméticas, valoraron negativamente que la médica haya cuestionado órdenes de un superior jerárquico, interpretando ello como una falta de adaptación al sistema policial; que haya denunciado en diferentes instituciones públicas la situación de violencia laboral padecida, entendiendo que ello introduce una conflictividad incompatible con el régimen jerárquico; y que haya solicitado, con la correspondiente prescripción médica, su reincorporación al servicio sin cumplir una sanción de ocho (8) días de arresto, opinando que ello implica exigir condiciones para beneficio propio por fuera de la normativa policial vigente», plantearon.
«Estas opiniones dejan en evidencia el resultado de un modelo de profesionalidad autoritario con características militares, aislado de las ideas de seguridad ciudadana, la justicia y los derechos humanos en las sociedades democráticas. El desconocimiento de los derechos de los agentes policiales en las instancias de evaluación —entre ellos, en el caso concreto, los de: trabajar en un contexto donde exista un uso racional de la autoridad que conlleve la posibilidad de plantear límites a las órdenes de los superiores jerárquicos que puedan resultar ilícitas, inmorales, viciadas o injustas; disponer un régimen disciplinario que no incluya sanciones privativas de la libertad, las que resultan inconstitucionales e inconvencionales por afectar el derecho humano a la libertad personal; utilizar licencias médicas necesarias sin que ellas sean entendidas como un abuso del régimen laboral y no como un derecho humano propio de la seguridad social—, que determinan su posible permanencia o exclusión en la institución, no hacen sino recrudecer el autoritarismo sobe el personal policial», argumentaron los representantes legales de Paladino.
Por otra parte, se cuestionó el proceso de calificación por «la existencia de una fundamentación deficiente e irrazonable que no justifica con suficiencia la calificación asignada; la generación de una voluntad administrativa viciada de arbitrariedad y parcialidad de los evaluadores; la utilización del proceso de calificación como un instrumento de violencia laboral destinado a excluirme de la institución policial; su concreción con tan sólo 3 meses de ejercicio de funciones —septiembre, octubre y noviembre de 2018—, sin considerar el derecho de uso de licencia médica».
La segunda presentación se concretó ante el Superior Tribunal de Justicia, en los marcos de la medida autosatisfactiva planteada el 8 de octubre de este año por la situación de violencia laboral y de género vivida por Marcela Paladino en la Policía de La Pampa.
Allí se había solicitado al máximo Tribunal provincial, precisamente, la suspensión del proceso de evaluación para los años 2018-2019, hasta tanto se le permitiera reincorporarse al Servicio de Sanidad Policial y existieran tareas susceptibles de ser evaluadas al margen de la licencia por salud que se encuentra ejerciendo desde el 3 de diciembre de 2018. Por esta razón, en tanto aún no ha arribado a una decisión final, se le ratificó la petición con una urgencia impostergable.
«El caso arriba a una etapa determinante para la suerte de Marcela Paladino en la Policía de La Pampa, quien inicialmente fue hostigada por el Comisario Mayor José Manuel Mendía para que se modificaran o corrigieran los informes de evaluación clínica, en facetas netamente médicas de especialidad psiquiátrica; y luego la violencia creció y avanzó hacia la desfuncionalización y luego hacia un formato más concreto de coacción, represalias privativas de la libertad, violencia verbal y bajas arbitrarias en las calificaciones», recordaron los abogados de la médica.
