El abogado Ricardo Víctor Cheli se refirió a la marcha atrás que dio la secretaría de Trabajo con el convenio de DAGSA. En su momento, había criticado la actitud del funcionario provincial por haberlo homologado desoyendo el pedido del intendente di Nápoli.
El nuevo Convenio Colectivo para los empleados y empleadas de la Dirección de Agua y Saneamiento de Santa Rosa fue dado de baja por el gobierno provincial a instancias de la asesoría letrada y luego tuvo que desdecirse el propio Marcelo Pedehontáa, que había quedado en el ojo de la tormenta por haberlo homologado días antes de la asunción de Luciano di Nápoli.
El avance en beneficio de los trabajadores fue calificado por di Nápoli como un convenio apresurado y que le despertaba sospechas el hecho de que la gestión de Cambiemos decidiera reconocer derechos y obligaciones días antes de irse, comprometiendo el presupuesto 2020, que es potestad del nuevo gobierno.
Cheli, cuando el funcionario de Trabajo había salido públicamente a respaldar el acuerdo alcanzado por el intendente radical, Leandro Altolaguirre, y el gremio SIPOS, lo cuestionó porque “él como Funcionario público Provincial del área laboral y como abogado NO PUEDE IGNORARLO. Acá no se trata de perjudicar o no a los trabajadores, que lamentablemente quedan en el medio de un conflicto político por un reclamo legítimo. El tema va más allá de lo salarial y sus posibilidades financieras y es que se debe regular en forma integral la prestación del servicio a través de un ente municipal que no esté regido por la Ley 643, sino por un régimen específico y todo eso es facultad exclusiva y excluyente del Departamento Deliberante”.
“Lo que es claro y evidente es que el Intendente no puede suscribir un Convenio a espaldas del Departamento o Concejo Deliberante porque viola palmariamente la Ley Orgánica de Municipalidades, máxime cuando dicho Acuerdo implica asignación de recursos”, afirmó.
“El presupuesto anual constituye el límite cualitativo y cuantitativo de las autorizaciones conferidas al Intendente o al Presidente del Concejo Deliberante en materia de gastos, si las violan incurrirán en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, indicó.
Una vez que estalló el cruce público entre dos peronistas, Pedehontáa intentó reducir su responsabilidad al aclarar que si el firmaba o no firmaba no cambiaba nada porque a los 15 días de realizado el acuerdo, se homologaba automáticamente, tal como lo establece la ley vigente.
