La concejala de Comunidad Organizada elevó un proyecto propio para la estatización del servicio de transporte urbano de pasajeros. Afirmó en la sesión que la palabra municipalización no figuraba en los proyectos del oficialismo. Cuestionó el contrato de recisión con Autobuses Santa Fe.
Este jueves, por amplia mayoría, se aprobó la recisión del contrato con la empresa Autobuses Santa Fe y se sancionó la ordenanza de creación del Ente Municipal de Turismo.
Comunidad Organizada manifestó en primer término que el espacio político anunció “hace ya muchos años la municipalización de todos los servicios públicos (barrido, limpieza, recolección de residuos) como así también de los colectivos”.
El proyecto presentado este jueves por Nancy Fabiana Castañiera fue rechazado por mayoría en la misma sesión y no se dio lugar a su pedido.
“No obstante ello, la forma que fue presentado por la actual administración municipal es manifiestamente perjudicial no solamente para la ciudad sino también para los trabajadores de la empresa comercial Autobuses Santa Fe que pasarían al municipio”, indicaron en un comunicado de prensa.
La concejal Fabiana Castañiera solicitó, a través de una moción de orden, que se suspendiera por unos días para que se tomaran los recaudos legales que evidentemente no se han cumplido y ponen en riesgo la rescisión y la misma continuación del servicio a cargo del municipio.
“Autobuses Santa Fe es una empresa que está sometida a un proceso judicial, concurso preventivo, en la provincia de santa fe. Ese convenio de rescisión se desconoce si está autorizado por ese juzgado, el síndico y quienes representan a todos los acreedores”, señaló.
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“Esto pone en riesgo el servicio como así también el alquiler de los micros de Autobuses Santa Fe y el traspaso de los trabajadores de la empresa privada al municipio”, indicó.
La concejala Castañiera solicitó que se constate si el juez del concurso “está enterado de esto y lo acepta”. Asimismo, señaló “que el convenio de rescisión fue firmado por una persona que dijo representar a la empresa Autobuses Santa Fe pero que de ninguna manera demostró representarla tal como quedó constancia del mismo escribano que llevo el intendente a la firma del convenio”.
“Esto significa que los grandes objetivos a cumplir, en este caso la municipalización, tiene que tener la corrección que impida incluso que el acto pueda quedar nulo con graves consecuencias para el pueblo de Santa Rosa como para los trabajadores”, indicó.
“Los funcionarios públicos que acepten estas incorrecciones en términos de obligaciones legales, tienen consecuencias civiles y penales”, manifestó Castañiera.
Asimismo, presentó un proyecto de ordenanza con la municipalización, la rescisión unilateral del municipio por todos los fundamentos que existen de incumplimiento de la empresa como así también del traspaso a la municipalidad delos trabajadores respetando sus derechos adquiridos.
Ayer, en la comisión del Concejo Deliberante donde concurrieron funcionarios del Departamento Ejecutivo la concejal Castañiera le preguntó específicamente al señor Echeveste si habían hecho cuanto menos una consulta la juzgado donde se tramita el concurso preventivo de Autobuses Santa Fe. A lo cual ésta persona contestó que no se había hecho por el Covid-19, relataron desde Comunidad Organizada.
“La respuesta preocupó más en términos de que si bien admitían la necesidad de haber hecho la consulta que no hicieron, agregando una excusa absolutamente insustentable”, señalaron.
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Esto es lo que motivó en la sesión de hoy, a través de una moción de orden arriba explicada, que se pidiera un tiempo mínimo para la aceptación judicial de este convenio de rescisión porque esto puede significar dejar sin efecto la rescisión, su nulidad, y que se deban llevar todos los micros a la provincia de Santa Fe con consecuencias civiles y penales incluso para los funcionarios municipales también, más gravemente para fundamentalmente los empleados.
“El proyecto que hoy mismo presentó Comunidad Organizada, en la misma sesión, determina expresamente la municipalización, expresión que no está contenida en ninguno de los dos proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo y eso no surge de la letra de la ley”, aclararon.
Respecto al Emtu, “manifestamos que no estábamos de acuerdo que solo sea un directorio integrado por funcionarios de una parte del gobierno municipal (Departamento Ejecutivo) con total segregación de los representantes también del pueblo que son todos los concejales a través de un representante de cada bloque político”, pidió.
“La explotación de los servicios públicos tiene que estar a cargo de personas que representan al pueblo para hacerlo con eficiencia y sin corrupción. Sabemos que dar participación es compartir poder y el departamento Ejecutivo a través de ese proyecto pretendía la marginación total del Concejo Deliberante y a lo sumo, una vez por año, informarle a posteriori de lo que ellos hicieran de los recorridos, de las tarifas, de los movimientos económicos que implica el servicio. Lo cual no aceptamos porque no podemos decir que representamos al pueblo ignorando la ejecución de un servicio fundamental como es el transporte público”, finalizó Fabiana Castañiera.
