
La justicia civil rechazó el recurso de apelación y Antonio Ramón Ruiz puede quedarse en la calle luego de habitar por más de 22 años una vivienda de la que pagaron impuestos y que compartieron con el dueño hasta su muerte. Una persona dice ser heredera y ha conseguido el aval de una jueza civil en Santa Rosa.
Las juezas de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones, Adriana Gómez Luna y Fabiana Berardi, rechazaron la apelación y condenaron a Ruiz a pagar las costas del juicio. Con este rechazo, quedaron al borde del desalojo.
Ruiz vivió en esa casa con quien era su dueño y la siguió habitando por más de dos décadas. Luego se casó con Silvana Rodríguez, y los dos están a punto de quedar en situación de calle.
Plan B Noticias dio a conocer a principios de este año que el matrimonio que puede quedar en la calle por una maniobra inmobiliaria que consiguió aval en la justicia civil.
El 5 de marzo Plan B publicó la sentencia de la jueza civil Susana Fernández, quien ordenó el desalojo. Ruiz y Rodríguez apelaron el fallo, y volvió a ser rechazado. El matrimonio asegura que “vamos a ir hasta la Corte” y resaltan que “se puede probar que el comodato es trucho”.
Ruiz (75) habita la casa desde hace más de dos décadas. Llegó a compartirla con el dueño del inmueble, Saturnino Sander, fallecido hace más 22 años. En ese tiempo pagó tasas municipales e impuestos.
Dos décadas en la vivienda: ¿Los quieren desalojar con un comodato trucho?
Hace 2 años apareció un hombre que le hizo firmar a Ruiz un comodato sin tener papeles que acrediten sus derechos sobre el inmueble. Con ellos fue a la justicia y consiguió el desalojo. Ruiz no sabe leer ni escribir.
El hombre que intenta echarlos, con aval judicial, es Juan Carlos Ovejero, sin parentesco probado con Sander.
Al aval inicial al desalojo de la jueza de primera instancia, se le suma el rechazo al recurso de apelación.
Desde la defensa de Ruiz informaron en ocasión de la primera apelación que “con ritualismo y formalismo excesivo la jueza de primera instancia Susana Fernández no hizo lugar a los fundamentos de nuestra apelación, tomando como base un articulado y no el artículo 245 del Código Civil y Procesal de La Pampa”.
“En la sentencia definitiva no tuvo en cuenta la prueba de posesión efectiva que ejerció el sr Ruiz ni ninguna de sus pruebas ofrecidas y presentadas por esto mismo. Fue apelado, concediendo la misma jueza de primera instancia tal apelación interpuesta”, indicaron.

“En este caso debemos seguir con el recurso de apelación a fin de que la cámara de apelaciones analice en tanto hecho y derecho de la sentencia que hizo lugar al desalojo del sr Ruiz, tomando como base un comodato en el cual el sr Ruiz. Fue logrado con falsedad ideológica manifiesta y nunca se tuvo en cuenta la avanzada edad y los usos de posesión y actos que ejerció durante tantos años”, adelantaron
“Sanders, quien es titular del mismo, tuvo la voluntad que el sr Ruiz sea propietario del mismo”, “no tenido en cuenta tampoco que el sr Ruiz abonó rentas de la municipalidad. La deuda era de 500 mil pesos y si no se hubiera hecho ese pago, se habría ido a remate”, aseguraron.
“Hoy no ha resuelto con derecho efectivo a ser revisada la sentencia en segunda instancia, que siempre fundamentó su defensa en la vulnerabilidad. Cuestión que nunca fue escuchado por la jueza competente, ya que no arbitró las medidas necesarias para resolver la cuestión, teniendo principalmente en cuenta los derechos humanos del sr Ruiz”, denunciaron.
Además la defensa resalta que “Ovejero no tiene título suficiente para promover la acción” y sin embargo la jueza “le hizo lugar y falló a su favor”. La “parte actora nunca presentó en forma procesal, testamento y o declaratoria al respecto, solo dos comodatos suscriptos de manera maliciosa sabiendo la avanzada edad y la vulnerabilidad del sr Ruiz”.
¿Documento trucho?
Ruiz y Rodríguez accedieron a prueba documental que muestra una total diferencia entre las firmas de Ovejero en la extensión del comodato y la que figura en la causa judicial.
A partir de esa documentación apelaron la decisión de la justicia, pero la jueza Fernández no les hizo lugar.
“Si nos echan a la calle, no tenemos cómo vivir, con la jubilación comemos o alquilamos”, graficó Silvana.
“En 22 años ninguna de las personas que dicen tener derechos sobre el inmueble pudo aportar documentación que pruebe parentesco con el dueño, o un título de compra venta sobre el inmueble”, resaltaron.
“Fuimos a Catastro de la municipalidad y ahí figura el dueño que falleció, el señor Saturnino Sanders. ¿Entonces por qué se anotó como poseedor en Catastro en Casa de Gobierno a Ovejero”, se preguntó Silvana Rodríguez
Agregó que en esa dependencia “Ovejero pariente y conocidos. En la Municipalidad no figura y en la Provincia lo anotaron como poseedor sin tener la escritura eso. Me pregunto y quiero saber ya por qué la justicia no le pidió nada a este señor”, finalizó.

