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Desalojos en el oeste: comunidades originarias piden la intervención de Ziliotto

16 enero, 2023
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La justicia fue a desalojar a un puestero y la comunidad Epumer evitó que se llevara a cabo la medida en Colonia Emilio Mitre. El avance judicial pondría en peligro a la gran mayoría de los y las puesteras del oeste pampeano.

“Resistimos el desalojo como miembros de la comunidad. Resistimos en el ingreso al campo y la jueza tuvo que suspender el desalojo en esta causa”, señaló Carlos Martínez en diálogo con Plan B Noticias.




“Ahora se abre instancia de negociación porque de la otra parte hubo tentativa de cortar cadenas y candados”, añadió.

El 11 de enero, Plan B Noticias dio a conocer que la comunidad ranquel Epumer de Colonia Emilio Mitre, denunciaba que intentaban desalojar a un puestero de la comunidad en el departamento de Chical Có, porque perdió vigencia la ley N° 2222 de 2005, que los amparaba.

Comunidad ranquel Epumer denuncia el intento de desalojo de un puestero en el oeste

Si se avanza con el desalojo, la justicia pampeana, avalada por el Superior Tribuanl de Justicia, sentaría un precedente que pondría en la misma situación al resto de las personas que viven en esas tierras en el oeste. Ante esa situación, la comunidad originaria piden la intervención del Gobernador Sergio Ziliotto.

“Tienen sentencia firme en un juicio por desalojo para el 16 de enero, en plena feria judicial”, dijo Martínez a Plan B Noticias y denunció que “la justicia pampeana está violando la ley que prohíbe los desalojos”.

“Están violando su derecho constitucional que tiene como integrante de nuestra comunidad”, manifestó el vocero de la comunidad.

Desde la comunidad expresaron “sorpresa” porque “no es la primera vez que hacen esto con los descendientes indígenas del oeste”.

La ley en cuestión es la Nº 2222, del año 2005, que en su artículo º1 establece la suspensión los juicios por desalojo en inmuebles rurales, ubicados en los Departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida, ocupados por cualquier título, por familias o habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes, cualquiera sea el estadio procesal en el que se encuentren a la fecha de sanción de la presente Ley.

Pero el plazo de vigencia de dicha ley fue prorrogado hasta el 30 de septiembre del 2020, por la ley nº 3265, que a su vez incluye los alcances de lo previsto en el artículo 1° de la Ley 2222.

Desde la comunidad Epumer señalaron la responsabilidad del Superior Tribunal de Justicia que ratificó el fallo de la justicia piquense. “Hacen lo mismo siendo que los propios jueces en su momento acompañaron para que existiera la ley nº 2222 y que hay jurisprudencia en estos casos”, acusaron.

A su vez, denunciaron que “hoy están en riesgo todos los puesteros del oeste, que buscan resistir los desalojos que trabajan la tierra con mucho sacrificio, enfrentando sequías y demás contratiempos, mientras otros buscan desalojarlos para después vender las tierras como es este caso que denunciamos”.

Los integrantes de la comunidad adelantaron hace cinco días que iban a “resistir este fallo, porque la constitución nacional y las leyes así lo dicen, porque estos fallos no respetan los derechos de nuestra comunidad y nuestros miembros”.

Por último, alertaron que de avanzar el desalojo judicial “haría caer la ley” que los ampara y “pondría en riesgo a todos los puesteros del oeste”.

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