El ministro de Gobierno, Pascual Fernández, recibió a diputados y concejales de la oposición provincial y de la capital pampeana en lo que fue una reunión de «diálogo político».
Del encuentro participaron los diputados provinciales Hipólito Altolaguirre (Juntos por el Cambio-UCR), María Laura Trapaglia (JxC-PRO) y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto (Comunidad Organizada); y los concejales de Santa Rosa Romina Paci y Diego Camargo (JxC-UCR) y Fabiana Castañiera (CO).
Fernández indicó tras la reunión que “charlamos de temas institucionales. Considero que en política el camino es siempre el diálogo, y poder sentarnos a conversar en estos tiempos fortalece la democracia. Ese es el camino que tenemos que profundizar”.
Tras la reunión, el PRO informó que “los bloques opositores (PRO-MID, UCR y Comunidad Organizada) se reunieron con el Ministro de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia, Pascual Fernández, para plantear su rechazo e inquietud en cuanto a la nueva ordenanza fiscal 2024, la cual establece un nuevo esquema tarifario para la tasa de Seguridad e Higiene en Santa Rosa”.
Según los presentes, la nueva normativa «al contemplar que dicho tributo sea liquidado por los sujetos pasivos sobre los ingresos brutos devengados mensualmente, puede recaer en situaciones de regresividad impositiva. En su reemplazo, propusieron al ejecutivo una revisión estratégica para garantizar el desarrollo local sin imponer cargas económicas desproporcionadas y trámites adicionales”, señalaron.
“Tal como está planteada la ordenanza, el cobro de Seguridad e Higiene puede ser injusto y desproporcionado, además de sumar trámites adicionales a la gente”, resaltaron.
Días antes los concejales se reunieron con los diputados provinciales para tratar el tema y solicitarles que pidan una reunión con el ministro Fernández, «articule entre las partes».
Esa reunión se concretó la semana pasada en la Legislatura provincial y en ese momento cuestionaron que “Di Napoli puso en marcha un tarifazo que afectará enormemente a los vecinos de Santa Rosa”.
Por otra parte, las y los diputados recalcaron además, que «esta situación genera un muy mal precedente, dado que puede generar un efecto cascada con otros municipios, que al ver una merma en su coparticipación tomen una actitud similar con sus propios tributos. Esto no sólo carece de un enfoque estratégico, sino que también agrava las dificultades financieras de quienes buscan mantener o desarrollar sus actividades comerciales en tiempos adversos. El objeto de una tasa municipal de seguridad e higiene debería centrarse en cobrar por los servicios prestados, al margen de los ingresos brutos devengados mensualmente”.
Y agregaron que “la acumulación de gravámenes no sólo resulta en una carga financiera considerable para el contribuyente, sino que también puede desincentivar la inversión y la actividad económica, afectando el desarrollo comercial y la capacidad de generación de empleo”.
Intendentes de la oposición
Por otro lado los legisladores le expresaron también al Ministro la preocupación «por la situación catastrófica en que varios intendentes de la oposición se encontraron al tomar la gestión de los municipios para pagar los aguinaldos, estado de parque automotor, nombramientos de personal en el último año de gestión».
«El Ministro escuchó atentamente, y coincidiendo que un buen diálogo entre la oposición en la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, va a favorecer el normal transcurrir y desarrollo de actividades los próximos 4 años, ya que se da la inédita situación desde 1983 a la fecha que el oficialismo no cuenta con una mayoría automática para poder tratar los distintos temas que se tratan y que son inherentes a la Cámara de Diputados», señalaron desde la oposición.
La oposición articula
El primer indicio de todas las representaciones de la oposición juntas se dio hace pocos días en la Legislatura provincial, donde los bloques del PRO, la UCR y el tiernismo, coincidieron para pedirle al gobierno provincial que de datos de si hay empleados públicos beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo.
El Pro, la UCR y el tiernismo piden informe por el Potencia Trabajo
Los espacios dejaron sus diferencias de lado y presentaron un proyecto conjunto en la Legislatura para pedirle al gobierno provincial que de información al fiscal federal Guillermo Marijuan, por la investigación por incompatibilidad en el cobro del Potenciar Trabajo, que determinó más tarde que el gobierno nacional de la baja a 4.588 beneficiarios.
En una segunda acción conjunta, la oposición demuestra capacidad de articulación. En este caso, para llevar un reclamo comunal a un despacho provincial.
