El tratamiento de la “Ley Lucio” en la Legislatura de La Pampa convocó a todos y todas las diputadas provinciales que integran las comisiones en las que se trata, y de manera presencial, ya que, en muchas reuniones, varias de las personas que integran el Poder Legislativo eligen participar, todavía, de manera virtual.
La adhesión a la “Ley Lucio” fue considerada por las y los integrantes de la Legislatura Provincial de suma relevancia y decidieron decir presente de manera presencial, en contraposición a una costumbre que subsiste por pandemia, la de participar vía Zoom desde sus casas.
Esa importancia que se le dio a la legislación que buscará capacitar en la atención de denuncias de malos tratos, violencias y abusos, no tuvo la consiguiente consecuencia en la velocidad: el crimen ocurrió en La Pampa, pero La Pampa no fue la primera provincia en adherir a la ley.
En el medio, hubo discusiones sobre el uso político que se le pudo haber dado desde algunos sectores, que de ninguna manera, justifica las demoras.
Juntos por el Cambio, en especial el diputado Martín Maquieyra, hizo bandera con el caso Lucio e impulsó la ley nacional. Esa actitud fue catalogada de oportunista por sectores del oficialismo.
Ese debate político en el medio del aberrante crimen hizo que la familia aclarara que “Lucio no tiene banderías políticas” y que con la ley buscan que no haya “otros Lucios”.
Con los abuelos del niño en la sala, Diputados debate la adhesión a la ley Lucio
Utilización política o no, las chicanas entre la oposición y el oficialismo sobre la temática son corrientes.
La oposición pide que el oficialismo determine las responsabilidades políticas y administrativas de quienes no actuaron cómo se esperaba, y sin nombrarlos, les apuntan a los ministros de Salud, Seguridad y Desarrollo Social.
Desde el oficialismo, que junto a la oposición pidieron el jury de enjuiciamiento a la jueza Pérez Ballester por otorgar la tenencia del niño a la madre, reclaman que una problemática “tan seria” no se partidice.
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La justicia condenó a las autoras materiales a cadena perpetua (Magdalena Espósito Valenti, madre del niño, y Abigaíl Páez, pareja de la madre), y la querella, representada por el abogado José Mario Aguerrido, buscará establecer la responsabilidad de Educación y Salud por no activar las alarmas.
