Este martes 25 de julio comienza el juicio por el supuesto envenenamiento de Gabriel Páez, expareja de Yanina Coronel, acusada de intento de homicidio. Sin embargo, la investigación de la causa reveló que la mujer y su hijo eran víctimas de violencia de género e infantil y, la cadena de custodia de las pruebas fue puesta en duda por la defensa.
Organizaciones de mujeres piden la absolución de Yanina Coronel
Organizaciones feministas y su abogada defensora, Camila Aimar, reclaman la absolución de Yanina Coronel en el juicio por homicidio en grado de tentativa y piden que se investigue a Páez por violencia de género e infantil.
Ese lunes, organizaciones feministas harán una manifestación pública para reclamar la inocencia de Yanina Coronel en el caso del intento de homicidio y también, van a exigir que se investigue violencia de género y violencia infantil, dos denuncias que tramitan de forma paralela a la de envenenamiento.
Hasta el momento, las organizaciones señalan que la justicia no “tuvo el compromiso necesario con la causa” ya que se la acusó desde un principio “de preparar un licuado con veneno, cosa que se puso en duda porque se rompió la cadena de custodia de las pruebas”, indican en relación con la licuadora y el veneno utilizado, al que no tienen acceso los civiles.
Además, denuncian que la policía protegió a Páez cada vez que el botón antipánico le avisaba a Coronel que el uniformado había violado la restricción de acercamiento.
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Solo los jueces Daniel Rally y Carlos Besi tuvieron una mirada con perspectiva de género, consideran las organizaciones feministas: el primero porque le dio la libertad a Coronel por la falta de pruebas en su contra; y el segundo, que negó la detención de la mujer cuando la querella la solicitó hace unos meses por un supuesto llamado de Coronel a Páez.
En estos meses, la mujer también tuvo que padecer violacones reiteradas de acercamiento de Páez, tal como lo mostró su botón antipánico. Algunas de esas veces, hizo la denuncia pública.
La semana pasada vivió una situación inusual cuando en fiscalía no le quisieron tomar la firma semanal que le impuso el juez como norma de conducta hasta el juicio oral y público. Personal judicial y fiscalía le dijeron que estaban en feria y que no tenía que firmar, pero la mujer y su abogada insistieron, hasta que le tuvieron que hacer el trámite. En ese entredicho, vieron una intención de hacerla incumplir para luego pedir su detención.
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Desde un principio
El accionar policial fue subjetivo desde un principio, ya que el caso se dio a conocer como un intento de homicidio en el que la mujer fue acusada de envenenamiento. El policía estuvo internado y cuando avanzó la investigación, se conoció que la supuesta victimaria era víctima: y también lo era su hijo.
El policía dice que su pareja lo quiso envenenar, pero a él se le sumó una causa penal por violencia de género y otra en el fuero civil por la tenencia del hijo en común.
Asfixia y perro
En ese expediente figura que una de las prácticas del policía sería provocar asfixia y someter a una posible mordedura de perro a su pequeño hijo, como una supuesta forma de “entrenamiento”.
Plan B pudo saber que el uniformado le habría tapado la nariz y la boca para que aguantara la respiración, casi hasta la asfixia, al hijo que tienen en común.
Otra acusación que se le hace es la de meter la cabeza del niño dentro de la boca de un perro de caza. Esta situación se conoció porque una vez el niño tuvo una mordedura en la oreja y fue allí que se lo contó a su madre.
Violencia de género e institucional
Según las pericias psicológicas, Coronel sufrió violencia de género. También afirman que la mujer no presenta “predisposición a la agresividad y/o a actos impulsivos”.
“Se trataría de una situación de Violencia de Género, en el tipo Psicológico-Emocional-Verbal, Sexual, Físico, Económico-Patrimonial, Ambiental y Simbólico, en un contexto de Violencia Familiar, en el marco de un vínculo de pareja de 13 años, con el agravante de la no aceptación por parte del Sr. de la ruptura del vínculo. Surge además como víctima de esta situación el hijo de la pareja, niño de 5 años”, se lee en el informe pericial.
“A partir de lo evaluado, esta Unidad considera que la situación de Violencia de Género descripta se da además con una modalidad de violencia vicaria, entendida como aquella violencia que se ejerce hacia los hijos o hijas para dañar a la mujer”, añade.
Agregan que “el contexto de Violencia Institucional al que habría estado expuesta la entrevistada, teniendo en cuenta los múltiples pedidos de ayuda que la misma habría realizado en diversos organismos estatales, los cuales no habrían garantizado con su accionar la protección de la misma”.
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A los días del supuesto envenenamiento, la pericia indicó que “en los últimos 15 días aproximadamente los episodios de violencia emocional-psicológica-verbal se darían en forma diaria y continua durante el transcurso del día y de la noche, con episodios además de violencia física. Circunstancias en las cuales el Sr. la amenazaría con matarla a ella, a miembros de su familia, al niño, haría alusión permanente al arma de fuego, la cual utilizaría además para intimidarla y la dejaría sobre la mesa. También le impediría por diversos medios que la misma pudiese pedir ayuda; emerge en este sentido una situación de encierro”, añade el informe pericial.
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“Se desprenden del relato las secuelas y/o signos que afectarían a la entrevistada, compatibles con la violencia de género padecida: dificultades para dormir en el último tiempo, falta de apetito, estado de alerta permanente, angustia y llanto reiterado a solas, miedo a que su pareja la dañe a ella y/o a su familia, estado de desesperación y terror”, dice.
“De la evaluación realizada surge que la periciada no presenta Patología Psiquiátrica. La examinada no demanda tratamiento psicológico y no requiere tratamiento psiquiátrico. Comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones”, señala el informe realizado por el psiquiatra Camilo Muñoz y la psicóloga Virginia Carretero, del Poder Judicial.
Por último, indican que sufrió violencia institucional porque no recibió una respuesta satisfactoria a los reiterados pedidos de ayuda que habría realizado a la Policía, la Unidad Funcional de Género y Niñez de la Policía, la Jefatura de Policía y a la Secretaría de la Mujer.
El hecho
El policía se descompensó el 5 de septiembre pasado luego de haber ingerido veneno en un licuado. Por el hecho fue detenida su esposa, Yanina Coronel. La hipótesis de fiscalía es que la mujer habría preparado el licuado y se lo habría dado durante varios días. Se basa en un relato de familiares del policía que estuvo varios días internado en terapia intensiva. Sin embargo, las pruebas fueron cuestionadas y no se hallaron huellas digitales de Yanina en la licuadora.
Plan B pudo saber que las pruebas consideradas esenciales para la acusación de Yanina Coronel no se habrían realizado en el marco del debido proceso. Se habla de falta de órdenes de allanamiento, de un veneno aportado por un vecino y de errores en la cadena de custodia de las pruebas.
Fuentes judiciales indicaron que el veneno utilizado no es de acceso civil, pero sí de las fuerzas policiales. Las muestras de Metomil 90 “no fueron secuestradas en la vivienda” sino que “fueron aportadas por un vecino que encontró cerca de la vivienda un sobre con veneno y lo entregó a la policía”.
Además, se tratará de establecer si la licuadora “fue secuestrada sin orden de allanamientos ni testigos”. En ella se hallaron rastros del veneno “pero sin huellas dactilares de Coronel”, confiaron. También se cree que los investigadores “no aseguraron la cadena de custodia”.
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